15 abril

El sector público costarricense no solo es grande, sino que en mucho opera como un archipiélago, lo cual dificulta coordinar su labor, verificar su ejecutoria y examinar la eficacia de los servicios ofrecidos a la sociedad. Un estudio parcial del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán), titulado Estudio de las duplicidades (sic) estructurales: ministerios y órganos adscritos, demostró que durante el período analizado (2007-2015) se crearon muchas más direcciones, departamentos y unidades de las que se eliminaron, a pesar de que varias estaban funcionalmente inactivas.

Buena parte de esos órganos fueron creados por ley, es decir, por la Asamblea Legislativa, sin coordinación con el Mideplán. En consecuencia, existen muchas duplicaciones evitables en el sector público. El estudio es parcial porque solo analizó los posibles traslapes de funciones en lo interno de las instituciones, no entre entidades. Aun así, deja en evidencia que las posibilidades de ahorro de recursos, humanos y financieros, son altas. En efecto, cuando una dependencia se crea como ente u órgano desconcentrado, tiende a organizarse de manera autosuficiente, con su propia dirección ejecutiva, asistentes, proveeduría, tesorería, flota de vehículos, presupuesto para viajes, sillas giratorias y pinturas de Fausto Pacheco.

El Ministerio de Cultura, por ejemplo, tiene 15 entidades adscritas, lo cual atenta contra la dirección y supervisión eficaz de su jerarca. Las potenciales duplicaciones de funciones (y de su costo) son muchas. El Ministerio de Salud tiene diez entidades adscritas. En total, hay 81 dependencias bajo las 18 carteras que conforman el Gobierno Central (“Gobierno Central evidencia crecimiento desordenado”, La Nación, 9/4/2018).

Conforme mayor sea el archipiélago de entidades y órganos públicos, más difícil es controlar su ejecutoria. Es menester achicar el aparato estatal, particularmente ahora que el déficit fiscal proyectado supera el 6 % del PIB y se le pide a la ciudadanía resignarse a una carga mayor de impuestos. El problema es que el Mideplán no tiene poder para forzar los cambios requeridos y, a lo sumo, como manifestó Jorge Ortega, jefe de modernización del Estado, apenas puede “recomendar” más coordinación. Aunque en teoría el Mideplán analiza a las instituciones desde su valor público; es decir, si realmente cumplen su fin, es muy poco lo que se conoce de los resultados de esos análisis.

Las recomendaciones del Mideplán, en principio, se dirigen al Consejo de Gobierno, pero tampoco se conoce lo que este ha hecho para resolver los problemas citados. Cuando la recomendación dirigida a un ministerio, por ejemplo, al de Cultura, es para que “valore la pertinencia de que el apoyo administrativo de sus órganos desconcentrados se brinde desde el propio Ministerio”, la posibilidad de una acción correctiva es muy baja.

Por otro lado, como muchos entes fueron creados por ley, la única forma de reformarlos (o cerrarlos, si no cumplieran una función útil) es mediante otra ley, lo cual toma tiempo y enfrenta la oposición de los empleados públicos cuyos trabajos corren peligro. La moraleja es la siguiente: si no se está seguro de la necesidad social que satisfará una nueva entidad pública, o de la idoneidad del flamante organismo para llenarla, no se debe aprobar su creación, pues podría convertirse en un elefante blanco difícil de eliminar en el futuro.

El Mideplán debe liderar la elaboración de un estudio integral para verificar la relación costo-beneficio de los servicios ofrecidos por los ministerios y sus dependencias a la sociedad costarricense, que los sufraga con los impuestos y hasta con los problemas planteados a todos por el déficit de las finanzas públicas.