EscucharLos bosques nacionales son una proeza. Pocos países pueden dar cuenta de un aumento en la cobertura boscosa del 47 % del territorio a principios del siglo al 59 % en el 2020, como lo publicamos el 18 de octubre con base en el «Informe estado de la región». Nuestro país es el más verde de Centroamérica y ninguno se compara en recuperación de masa forestal.
Nada es casualidad. Los avances responden a políticas bien establecidas desde hace décadas. La conservación es una de las áreas en las cuales el país está más próximo a tener una verdadera política de Estado capaz de sobrevivir y expandirse, con altibajos, de administración en administración.
La proeza tampoco es gratuita. Exige financiamiento de elementos clave, como el programa de pago por servicios ambientales del Fondo de Financiamiento Forestal (Fonafifo), merecedor de la primera edición del premio Earthshot, otorgado por el príncipe Guillermo de Inglaterra y la Royal Foundation para destacar méritos ambientales.
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El programa remunera a los propietarios de bosques por el compromiso de protegerlos. El bosque, antaño visto como obstáculo al desarrollo, hoy se aprecia por su maravillosa utilidad, tanta como la ofrecida por la mejor tierra de cultivo. El justo pago por servicios ambientales comenzó a desarrollarse en 1997 y los frutos están a la vista.
Fonafifo está adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y ha sido decisivo en la preservación de la biodiversidad en las Áreas Silvestres Protegidas, otro de los fundamentos del avance en la recuperación del área boscosa que perdíamos aceleradamente en el siglo pasado. Ya en los años setenta hubo sonoras voces de alarma que señalaban los estragos de la deforestación en el país.
No obstante, los programas ambientales están entre los más vulnerables en época de crisis fiscal, cuando la estrechez de recursos afecta todos los ámbitos de acción estatal. Un programa como el pago de servicios ambientales puede verse en dificultades para competir con otras necesidades apremiantes.
En previsión de esas dificultades, es preciso volver los ojos hacia la cooperación internacional y desarrollar un esfuerzo diplomático verde para asegurarla. La donación de $20 millones convenida durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), en el Reino Unido, es un ejemplo. Esa cooperación reconoce los aportes de los bosques nacionales al combate del cambio climático.
La mitad del dinero vendrá al concretarse la carta de intenciones suscrita con la Coalición LEAF, una alianza público-privada con planes de movilizar $1.000 millones para proteger los bosques tropicales. El organismo nació de un acuerdo entre Estados Unidos, el Reino Unido, Noruega y 19 grandes empresas. Los $10 millones restantes son fruto de un convenio bilateral con Noruega. El presidente Carlos Alvarado ya anunció la determinación de destinar los fondos al fortalecimiento de Fonafifo.
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En noviembre del año pasado, el Fondo Verde del Clima de las Naciones Unidas aprobó $54,1 millones no reembolsables para el país bajo la modalidad de «pago por resultados». Un mes más tarde, el Banco Mundial suscribió un acuerdo para girar $60 millones a lo largo de cinco años como reconocimiento a los esfuerzos de protección forestal y reducción de emisiones a cargo de familias, comunidades y entidades públicas con bosques a su nombre.
La cooperación internacional obtenida en tiempos recientes, y también en el pasado, señala el camino para mantener nuestros exitosos programas ambientales a pesar de la crisis fiscal y mientras el país logre resolverla. En cualquier caso, lograrlo exigirá empeño y voluntad de seguir siendo ejemplo en la materia.
