El índice de progreso social (IPS), calculado anualmente por la organización Progreso Social Imperativo con apoyo del Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible del Incae, contiene significativos indicadores, útiles como guía para las autoridades económicas y sociales de los países estudiados. Costa Rica obtiene una calificación alta en el índice, pues en el 2019 ocupó la posición 34 de un total de 149 naciones evaluadas. Es la posición más sobresaliente de América Latina, pero no ha mejorado del 2014 al 2019 y más bien ha experimentado un pequeño retroceso. Eso llama a la meditación.
La buena calificación dada a Costa Rica obedece a políticas públicas adoptadas hace muchos años, como las relacionadas con agua y saneamiento —99,16 de 100 puntos posibles—, nutrición, cuidados médicos básicos y derechos personales, todo lo cual debemos conservar como patrimonio social y, en lo posible, mejorar. Sin embargo, otra serie de indicadores dependen de los esfuerzos actuales, como la seguridad ciudadana, en especial los homicidios, cuya frecuencia califica de epidemia, según parámetros de la Organización Mundial de la Salud; criminalidad y muertes en accidentes de tránsito, que reflejan debilidades sensibles a las que el gobierno debe asignar máxima prioridad.
La calidad de vida en un país no necesariamente mantiene relación directa y proporcional con el desarrollo económico, medido, por ejemplo, por el crecimiento del producto interno bruto, que se expande de igual forma si el país produce mantequilla o cañones. No obstante, a fin de cuentas, el crecimiento económico debe manifestarse en una mejor calidad de vida de los habitantes, no en un deterioro.
Por eso, las autoridades deben asegurarse de que el presupuesto nacional —y la normativa del caso— satisfagan las necesidades más sentidas de la población. El Ministerio de Seguridad Pública, entre otros, debe incorporar explícitamente en sus planes de trabajo la mejora en un conjunto selecto de indicadores.
La frecuencia y severidad de los accidentes de tránsito es elevada en Costa Rica. Muchas personas fallecen por esa causa. Además de las pérdidas materiales, las familias quedan sumidas en el dolor, truncas y con dificultades financieras. Las compañías de seguros guardan información útil sobre el fenómeno, la cual, si se analiza, ayudará a encontrar las causas más probables con propósitos normativos. Un aumento significativo de los deducibles y coaseguros —parte de las pérdidas a cargo del tomador de la póliza— quizás incentive a los conductores a actuar con más cuidado. Con una medida como la descrita, los usuarios de las vías públicas, y sus familiares, ganarían. Los mismos datos justificarán más inversión en vigilancia electrónica y de la Policía de Tránsito.
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Si bien Costa Rica tiene indicadores sociales superiores a los de la mayoría de los países vecinos, no deberíamos compararnos con ellos y, por descuido, arriesgarnos a crear situaciones demasiado peligrosas. Además de las consecuencias directas para la población, eso alejaría la inversión extranjera, el empleo y la innovación.
“Estamos dejando de ser un país diferente —manifestó Jaime García, vocero de Progreso Social Imperativo— y nos estamos metiendo en una tendencia regional donde estamos más inseguros, con más enfermedades cardiovasculares y, sobre todo, vivimos en sociedades muy excluyentes”. La posibilidad de mejora exige canalizar de forma eficiente los recursos presupuestarios disponibles. Los presupuestos públicos deben ser “por objetivos” y la labor de los jerarcas debe ser evaluada periódicamente en relación con indicadores claves de desempeño, entre los cuales deben figurar algunos de los contenidos en el índice de progreso social.
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