Las altas cargas sociales impuestas al salario y a los ingresos de los trabajadores independientes, más el impuesto sobre la renta pagados por uno y otro tipo de entradas, estimulan la informalidad, sobre todo, entre los trabajadores independientes. En efecto, un trabajador por cuenta propia puede considerarse empleado y patrono a la vez y, por ende, que ha de contribuir a la seguridad social, y a la suya, conforme a esa doble condición. Pero, en la práctica, proceder de esa manera es muy oneroso y quien puede evitarlo, lo evita.
Las cargas sociales correspondientes al trabajador incorporado a una planilla ascienden al 10,34 % de su salario. Las de los patronos llegan al 26,33 %. A cargo del patrono están las contribuciones a la Caja Costarricense de Seguro Social (para los Regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte, y el de Enfermedad y Maternidad), las del Banco Popular, Asignaciones Familiares, el Instituo Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y las fijadas por la Ley de Protección al Trabajador.
En casi todos los países del mundo, existen las contribuciones a la seguridad social, pues con ellas se atienden vitales necesidades. Pero, más allá de cierto punto, el monto de las contribuciones resulta contraproducente, pues, al penalizar el uso del factor trabajo, fomenta la mecanización y, ciertamente, la informalidad. En Costa Rica, nueve de cada diez profesionales independientes operan fuera del esquema de seguridad social, según reveló una reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Esos trabajadores dejan de aportar recursos a la CCSS y renuncian a la atención médica ofrecida por la institución y al eventual disfrute de las pensiones que administra.
Aunque la situación descrita toca las finanzas de la CCSS, la falta de cotizaciones también implica menos compromisos de gastos futuros. Pero los trabajadores quedan expuestos a contingencias financieras que, si no las protegen en el mercado de seguros privados, tendrían serias consecuencias sociales cuando lleguen a la vejez. Además, ese proceder es contrario a la ley orgánica de la CCSS, que obliga a todos los trabajadores independientes a cotizar para la seguridad social.
La situación parece insostenible, pues el costo para los trabajadores independientes de cumplir con el mandato legal es demasiado alto. Es, por tanto, menester analizar un menú de posibles soluciones a este estado de cosas. No es fácil. Una posibilidad es permitir que los trabajadores independientes se aseguren cubriendo únicamente la cuota pagada por los asalariados, es decir, un 10,34 % de sus ingresos brutos. Esa suma es mucho menor al 36,67 % cobrado por la seguridad social por cada trabajador de planilla, pero a fin de cuentas la Caja se ve obligada a atenderlos en caso de enfermedad.
Por otra parte, el 36,67 % contempla contribuciones para Asignaciones Familiares, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Instituto Nacional de Aprendizaje, que en cualquier caso nada reciben de los trabajadores independientes no formalizados.
Asimismo, debe valorarse la eficiencia con que operan los entes encargados de administrar las diversas aristas de la seguridad social en el país y cortar todos los excesos. También es necesario elevar la edad de retiro y la base de cálculo y el monto de las pensiones administradas por la CCSS, a efecto de que tengan por objetivo coadyuvar a financiar un estilo de vida básico. Los trabajadores que aspiren a jubilarse a edades tempranas, o quieran hacerlo recibiendo pensiones generosas, siempre podrán comprar en el mercado privado pólizas que satisfagan esas demandas.
Por justicia distributiva, y por necesidades financieras, las pensiones de lujo con cargo al presupuesto de la República deben recortarse de un solo golpe, y la mejor forma de hacerlo es someterlas a un impuesto progresivo.
Mientras algo así no se haga, la situación de la seguridad social en el país seguirá caracterizada por un conjunto enorme de trabajadores independientes que prefieren desempeñarse en la informalidad, fuera del sistema oficial. En medios donde el costo de la formalidad es alto, también es alta la proporción de miembros de la sociedad que operan fuera de ella.