26 octubre, 2019

La credibilidad de los rectores de las universidades públicas quedó por los suelos tras la confrontación con el gobierno por el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Por el momento, se salieron con la suya. El presidente de la República cedió, renunciando a futuras intervenciones de las autoridades hacendarias en la materia, pero los métodos utilizados para lograr la victoria son vergonzosos y hay razones para dudar de la permanencia de los resultados en el tiempo.

El rector de la Universidad Nacional, Alberto Salom, admite “un sesgo alevoso” en las informaciones sobre la eliminación de becas a consecuencia de la obligación de destinar ¢35.000 millones a gastos de capital (infraestructura y equipos, entre otros), en lugar de dirigirlos al gasto corriente (casi todo salarios, pero también becas).

Las becas, confiesa Salom, nunca estuvieron en peligro, pero fueron utilizadas para movilizar a los estudiantes, atraerlos a las marchas, cerrar calles, rayar paredes y crear un desasosiego que otros sectores, sin conexión alguna con las universidades, intentaron aprovechar para su beneficio.

La alevosía, atribuida por Salom a unos “cabezas calientes”, también figura con prominencia en un comunicado del Consejo Nacional de Rectores (Conare), donde las máximas autoridades de la enseñanza superior pública aseveraron, sin un ápice de vergüenza, que el “desvío” de los fondos “limitará la oportunidad de estudio de los jóvenes costarricenses y el acceso a la educación universitaria pública”.

El comunicado, con fecha 17 de octubre, comienza por señalar que las becas, regionalización, investigación, proyectos en comunidades y oferta académica están entre los procesos afectados por la disposición presupuestaria. No hay una sola mención de los salarios y beneficios. La protesta, según el comunicado, tenía el fin altruista de evitar medidas en “perjuicio de los jóvenes estudiantes universitarios” y evitar poner “en riesgo la operacionalidad de las universidades estatales para el año 2020”.

Pero los rectores tienen claras sus prioridades. La regla fiscal, aprobada junto con los impuestos del plan fiscal para convencer a la población de que los sacrificios serían compensados con la racionalización del gasto, permite aumentar las erogaciones de capital, pero limita las ordinarias. Dirigir parte del dinero al gasto de capital, recorta la bolsa disponible para mantener los incosteables regímenes salariales de las universidades y les adelanta la fecha de caducidad.

La crisis de los sistemas de compensación en las universidades es inevitable, precisamente por los perversos disparadores del gasto salarial, como las anualidades. La Universidad Nacional es un estupendo ejemplo. A la fecha, las remuneraciones absorben el 87 % de los fondos del FEES. En el 2028, solo tendrá recursos para pagar salarios y beneficios. Pero mantener el control sobre los gastos corrientes permite patear la bola hacia adelante, como dice el lenguaje popular, sin acometer los cambios estructurales indispensables para la supervivencia institucional.

Sobre la base de tanta alevosía, el Consejo Nacional de Rectores dijo verse “obligado a convocar a los diferentes sectores universitarios: estudiantes, docentes, personal administrativo de las cinco universidades estatales a sumarse a la marcha por el derecho de los jóvenes a la educación universitaria”.

Los estudiantes salieron a las calles convencidos de participar en la defensa de las becas cuando, en realidad, protegían abusivos regímenes salariales que, en un futuro cercano, pondrán en riesgo no solo las becas y la infraestructura, sino también la operación de la educación superior pública. Para entonces, los rectores estarán pensionados.