Voceros de la Contraloría General de la República (CGR) manifestaron que, en ausencia de ajuste, el alto déficit fiscal minará los programas sociales en el 2019. En riesgo están los servicios de salud, educación y protección social. La Contraloría lleva razón, porque un déficit creciente alimenta una deuda pública cada vez más grande, cuyos intereses (en alza no solo porque aumenta el saldo adeudado, sino porque la tasa de interés también lo hace) consumen mayores proporciones del presupuesto nacional.
En consecuencia, la disyuntiva es entre el “estrujamiento” presupuestario, porque los intereses se pagan a costa de otros renglones de gasto, o la elevación de las erogaciones totales y, por tanto, del déficit. Lo segundo es “patear la bola para adelante” sabiendo que llegará el día de la última patada posible.
Poco antes de la advertencia de la Contraloría, Gabriel Torres, analista de la empresa calificadora de riesgo Moody´s, afirmó: “Cuando un país no ajusta por las buenas, el mercado termina haciendo el ajuste por las malas, y siempre es peor” (El problema de Costa Rica es el déficit, La Nación, 17/9/2017). En efecto, no hacer nada, o hacer muy poco, permite a la bola de nieve del endeudamiento seguir creciendo hasta desembocar, tarde o temprano, en una situación más dolorosa. Por eso se equivocan quienes ven en la inacción una forma de “preservar la paz social”. Realmente, están condenándola a desaparecer.
Si, por irresponsabilidad, nos abstenemos de hallar una solución sostenible al problema del déficit fiscal, la carga de intereses desplazará del presupuesto nacional a los renglones de gasto carentes de defensores organizados y sonoros. Primero cederán las inversiones en obras de infraestructura (como carreteras, edificios escolares y puentes) y las partidas del gasto social que no son sueldos o cargas relacionadas. Por ejemplo, no alcanzará para pagar el combustible o mantenimiento de vehículos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el de Salud o el de Seguridad. Esos servicios decaerían a una tasa superior al recorte del gasto.
El riesgo de dejar que el asunto se equilibre de manera automática por falta de un ajuste consciente es muy grande, como señaló el analista de Moody´s. Por el contrario, un ajuste bien concebido, que incluya control y racionalización del gasto claramente inequitativo y explosivo (como los elevados salarios y beneficios relacionados, pensiones de lujo con cargo al presupuesto nacional y ciertas transferencias a entidades públicas) y una reforma tributaria para recoger recursos frescos sin afectar indebidamente a los grupos de menores ingresos, permitiría ajustar las finanzas públicas de manera ordenada, “por las buenas”.
Este tipo de consideraciones deben servir de norte al diálogo iniciado con autoridades de la Iglesia católica como facilitadores. El inconcebible retiro del proyecto de reforma fiscal solo constituiría una posposición de los males causados por el creciente déficit fiscal. Semejante medida también perjudicaría la nota y la perspectiva asignada al país por las calificadoras internacionales del riesgo, con lo cual se encarecería aún más el financiamiento.
La ausencia de un ajuste consciente y eficaz, y hasta la simple demora injustificada, perjudica más a los grupos más pobres de la sociedad, no solo porque la inflación encarecerá muchos bienes de consumo básico, sino porque el desempleo crecería y se reducirían, en volumen y calidad, los servicios que tradicionalmente suple el gobierno a la sociedad.
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Los sindicatos del sector público deben deponer inmediatamente su huelga, pues ya ha producido demasiado daño a la economía del país y a la de muchas familias dependientes del trabajo. El gobierno debe explicar la lógica y los alcances de la reforma fiscal enviada a la Asamblea Legislativa y estar dispuesto a recoger las ideas para mejorar el ajuste consciente, cuya hora ya llegó.