La buena administración de la deuda pública es de enorme importancia. Su principal objetivo es asegurar la satisfacción de las necesidades de financiamiento del gobierno al menor costo posible a mediano y largo plazo, y dentro de un nivel de riesgo aceptable. Pero también hay objetivos secundarios significativos porque del buen manejo se benefician otros participantes en el mercado, como los inversionistas (personas físicas y empresas) y las entidades financieras (bancos, aseguradoras, fondos de pensiones) que normalmente mantienen en sus carteras de inversión títulos de deuda (bonos) emitidos por el Gobierno.
Los riesgos típicos que las autoridades deben minimizar son los relativos al costo de la deuda (es decir, al tipo de interés), el refinanciamiento si los vencimientos se concentran demasiado en algunos momentos y la iliquidez si se tornara difícil colocar nuevos títulos para compensar los vencimientos en el tiempo. La deuda también se expone al riesgo cambiario si una parte importante está denominada en moneda extranjera, por ejemplo, el dólar estadounidense y el euro.
Como regla general, el plazo de los títulos de deuda del gobierno (bonos) debe ser largo y los vencimientos deben quedar razonablemente distribuidos en el tiempo, a fin de evitar concentraciones (“vendimias”) que expongan al país a los riesgos mencionados. Los títulos deben ser uniformes y sus montos compatibles con el apetito del inversionista meta para que sean fácilmente transables en los mercados formales. Los inversionistas difícilmente invierten en títulos de características únicas (en monto, moneda y plazo), de los que no pueden deshacerse en caso de necesidad.
En Costa Rica, los títulos de deuda del Gobierno Central y del Banco Central dominan el mercado financiero. Los primeros deben concentrarse a mediano y largo plazo, y los segundos, que tienen fines de política monetaria, deben hacerlo a corto plazo. Ambos contribuyen a formar la curva de costos del endeudamiento en el tiempo y esa curva sirve de referencia para otros efectos, como la determinación de las tasas de interés pasivas (las que se pagan sobre los ahorros) y activas (las que se cobran por los préstamos).
Normalmente, las inversiones a largo plazo reditúan más que las de plazo corto y mediano. Por eso, los encargados de la administración de la deuda del Ministerio de Hacienda y del Banco Central deben coordinar muy estrechamente sus actuaciones. Los movimientos de uno y otro deben obedecer a programas con claridad de objetivos y acciones. Esos programas deben ser divulgados para que todos los actores los conozcan y ajusten sus acciones a la información recibida. Las actuaciones de la Tesorería Nacional y del Banco Central han de ajustarse a lo programado.
La buena administración de la deuda pública, para la cual entidades multilaterales especializadas como el Fondo Monetario Internacional ofrecen consejo sobre las mejores prácticas internacionales (véase, por ejemplo, Guidelines for Public Debt Management, FMI, 2001) constituye condición necesaria para la buena conducción de las finanzas públicas, pero no es condición suficiente. Para que los títulos de deuda de un gobierno sean de aceptación general en el mercado, a tasas razonables, es menester que los fundamentos fiscales sean sanos. Si el endeudamiento del Gobierno crece sistemáticamente año con año, sin que se vislumbren medidas correctivas, los inversionistas rehusarán prestarle más por temor a que el emisor entre en cesación de pagos (default). O, si decidieran hacerlo, muy probablemente exigirán tasas de interés elevadas, compatibles con el riesgo asumido. Esos costos consumirán más y más recursos del presupuesto nacional que pudieron satisfacer otras necesidades apremiantes: infraestructura, seguridad ciudadana, ayudas sociales, etc.
Costa Rica tiene retos en uno y otro campo. Por un lado, debe reducir el déficit fiscal a un nivel manejable (que detenga el crecimiento de la deuda pública respecto al tamaño de la economía) y, por otro, debe asegurar que la deuda pública se administre conforme con las mejores prácticas internacionales. Lo primero requiere decisión legislativa; lo segundo, administrativa. Manos a la obra.
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