Toda empresa, especialmente las dedicadas a la intermediación financiera, cuentan con un comité de activos y pasivos cuya función es impedir que los primeros permanezcan ociosos y que los segundos paguen elevadas tasas de interés. En los bancos y otras entidades financieras de carácter no bancario, esos comités tienen breves reuniones diarias y, de ser necesario, hasta dos o más veces al día para optimizar el uso de los recursos. Si a las nueve de la mañana la entidad recibe un depósito por un monto elevado, a las diez lo tiene asignado a algún solicitante de crédito previamente aprobado. Desafortunadamente, lo usual es que la Administración Pública no opere con igual celo, aunque el Estado dispone de cuantiosos activos y pasivos.
La deuda del Gobierno Central equivale a cerca de un 50 % del valor de la producción anual de nuestra economía, los intereses son altos y tienden a crecer cada vez más, como nos los recuerdan observadores internacionales, entre ellos Bloomberg y las firmas calificadoras de riesgo. Los intereses consumen porciones crecientes del presupuesto nacional y atentan contra la calidad de los servicios estatales entregados a la sociedad.
Por otro lado, el Estado cuenta con una gran cantidad de activos productivos, como el Instituto Nacional de Seguros, la Refinadora Costarricense de Petróleo, los bancos comerciales, el Consejo Nacional de Producción, la Fábrica Nacional de Licores, el Instituto Costarricense de Electricidad, Radiográfica Costarricense y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, entre otros. Se trata de entidades que brindan servicios de naturaleza típicamente privada que, en otros países, no se encargan al Estado.
Si esas entidades se administraran para producir una utilidad sobre su patrimonio equivalente a, cuando menos, el costo de la deuda del Gobierno Central, que es su accionista, este y la sociedad verían significativamente aliviada la carga de intereses. El Estado podría invertir en caminos vecinales, escuelas y hospitales rurales, contribuir con alimentos para las familias de menores ingresos, etc. Pero ese no es el caso, en parte porque los administradores de los activos parecen haber olvidado para quién trabajan y han optado por privilegiar el interés de su personal frente al interés general.
Otros activos del Estado costarricense son las universidades públicas. En la mayor parte del mundo, este tipo de instituciones recuperan parte de sus costos mediante el cobro de matricula a los estudiantes con capacidad de pago. Esa política en nada se opone a la función redistributiva esperada del Estado, sino, más bien, coadyuva a lograrla de mejor forma, al aumentar los recursos disponibles para dar becas a quienes en efecto las necesiten. Pero en Costa Rica las universidades estatales se consideran “repúblicas independientes”, aunque no sean capaces de generar recursos propios, primera condición para reclamar independencia.
En un interesante artículo publicado en “Foro” de nuestra sección de “Opinión”, la economista Gina Ampié hace una recomendación que nos motivó a escribir este editorial. De aplicar su propuesta para mejorar la administración de los bienes del Estado, “no solo se ayudaría a aumentar los ingresos del Gobierno, sino que haría que esas instituciones (INS, bancos estatales, ICE, Recope) mantuvieran su valor” y no corran la suerte, por ejemplo, de Bancrédito. La señora Ampié hasta sugiere condicionar la permanencia de miembros de las juntas directivas y la gerencia al logro de metas cuantitativas previamente convenidas con el gobierno (Véase “Sugerencia para Hacienda”, La Nación, 14/11/2018).
El Ministerio de Planificación y Política Económica, cuyo nombre supera el trabajo que normalmente realiza, y el Ministerio de Hacienda deberían prestar atención a la sugerencia, constituir un equipo financiero-contable para analizar el problema y proponer formas de llevarla a la práctica cuanto antes.