EscucharLos llamados a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que atienda las deficiencias del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) no cesan desde hace más de una década. No importa el signo político de la administración de turno o la identidad de los administradores de la Caja, la posposición ha sido la tónica aunque el peligro para el principal plan de pensiones del país aumenta.
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No es para sorprenderse. Las soluciones son pocas y todas son dolorosas. Ni la reducción de beneficios, ni el alza de las cotizaciones, ni el aumento de la edad de retiro son noticias gratas. La solución quizá comprenda una mezcla de esos factores, pero nadie muestra entusiasmo por encarar al país con la realidad.
La Superintendencia de Pensiones (Supén) viene insistiendo en la necesidad de hacerlo desde la gestión de Edgar Robles; sin embargo, solo consiguió evasivas, números cuestionables y ocultamiento de información. Cuando la administración de Luis Guillermo Solís nombró una «mesa de diálogo», pasaron siete meses antes del anuncio de un magnífico empate entre los sectores convocados. En la conferencia de prensa convocada para anunciar las conclusiones, se informó al país de que no se trataba de una solución al problema estructural a largo plazo. En el acto, se mencionó la posibilidad de volver a la mesa cinco años más tarde, es decir, en el 2022.
La nueva superintendenta de pensiones, Rocío Aguilar, no parece dispuesta a esperar otro año para atestiguar un nuevo parche. La pandemia tampoco parece dispuesta a permitirlo. La situación del régimen se agravó en el último año producto de la pérdida de cotizantes y Aguilar urgió a la Junta Directiva de la seguridad social emprender la reforma con diligencia.
La admisión de la persistencia de problemas estructurales a largo plazo cuando la mesa de diálogo ofreció sus conclusiones resultó optimista, porque hoy la Supén habla de paliar riesgos a corto plazo y pide ganar tiempo para las reformas más ambiciosas. La meta es alargar la vida del IVM 20 años y aprovechar la ventana para replantear el sistema nacional de pensiones y no solo el régimen de la Caja.
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Las reformas eran necesarias desde hace años, como lo venía señalando la Superintendencia, pero la pandemia las hace urgentes, dice Aguilar. «La mayoría de las situaciones que se citan en este informe han sido comunicadas en años anteriores y aún se mantienen pendientes de atención», reprochó en una nota dirigida al presidente ejecutivo Román Macaya junto con el más reciente análisis de su despacho sobre la gestión financiera y de sostenibilidad actuarial del IVM.
«El régimen se enfrenta a una situación de insolvencia a mediano y largo plazo, producto de un crecimiento acelerado de sus gastos, que se asocia a un incremento del número de pensionados, beneficios que superan los aportes realizados», dice el informe de la Supén.
La Caja respondió con prontitud, pero está por verse si respaldará las medidas. La Junta Directiva pidió a la Gerencia de Pensiones calcular el efecto de dos ajustes sobre el régimen y los futuros pensionados: la eliminación de la jubilación anticipada para fijar la edad mínima en 65 años e introducir variaciones en el cálculo empleado para fijar los beneficios.
Si el objetivo de ganar tiempo se cumple, es preciso aprovecharlo para replantear las jubilaciones, ojalá con la intención de crear un régimen único, sostenible y suficiente para garantizar una vejez digna a los beneficiarios, cada vez más numerosos en un país que envejece a ritmo acelerado.
