16 mayo

Puntarenas cuenta con una institución dedicada a recuperar préstamos para la educación concedidos hace más de una década, el último de ellos el 26 de agosto del 2010. A esos efectos, el Fondo de Apoyo para Educación Superior y Técnica del Puntarenense tiene siete empleados y una Junta Directiva integrada por siete miembros.

Todos ganan salarios y dietas, pero no hay recursos para “apoyar” la educación. Los ¢2.000 millones de capital semilla utilizados para constituir el fondo, de cuyos rendimientos saldría la ayuda financiera para los estudiantes, se esfumaron en solo dos años, a partir del 2007. Lejos de invertirlos, la institución repartió becas y préstamos cuya recuperación es ahora su razón de ser.

El caso ejemplifica los costosos absurdos de la Administración Pública costarricense.

El caso ejemplifica los costosos absurdos de la Administración Pública costarricense. Como tantos otros, este despropósito nació bajo la bandera de una buena causa: fomentar la educación superior en una de las provincias más castigadas por la pobreza. La ley pasó por la Asamblea Legislativa, en 1997, sin hacer ruido. Seguramente, produjo algún rédito político y extrajo el financiamiento de instituciones con recursos a la mano. El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) quedó obligado a aportar el 20 % de su superávit anual y al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) se le pidió complementar los aportes hasta llegar a los ¢2.000 millones constitutivos del capital semilla.

Como es evidente, la ley no definió con demasiado esmero los parámetros para la inversión del dinero y el financiamiento de estudios, o los lineamientos fueron desatendidos. Pronto hubo 650 beneficiarios, muchos de los cuales engrosan hoy la lista de morosos. Pronto surgió, también, una burocracia. Siete empleados y otros tantos directivos para manejar un fondo de ese tamaño es un exceso evidente. Los costos, comenzando por la planilla, conspiran contra los fines de la entidad.

Ahora que ni siquiera es posible conceder el limitado número de préstamos que los rendimientos del capital semilla habrían permitido, la nómina de empleados y directivos es simplemente ridícula. Catorce personas están involucradas en la recuperación del dinero que el fondo no debió prestar. Eso sin contar la asesoría necesaria para promover cobros administrativos y judiciales.

Para colmo de males, la Contraloría General de la República tampoco está segura de la canalización del dinero hacia los beneficiarios previstos por la ley. Según la auditoría “no existe evidencia de que se haya realizado una verificación de la dirección del solicitante y (…) en el 53 % de las solicitudes, el colegio de procedencia no se encuentra ubicado en la provincia de Puntarenas”. En consecuencia, “no existe certeza de que realmente cumplan con los requisitos de ley para recibir el beneficio, puesto que se trata de personas que no son puntarenenses y que cursaron la secundaria en colegios fuera de la provincia (…) que indican vivir en la provincia, sin que se haya constatado esta información por la administración del fondo”.

Así, crece el Estado costarricense al amparo de ocurrencias que a la vuelta de poco tiempo se transforman en instituciones “inoperantes”, para utilizar el calificativo de la Contraloría, pero promovidas por la inercia de satisfacer el costo de planillas exageradas, sobre todo si se les compara con los resultados, cuando hay posibilidad de evaluarlos, porque el seguimiento casi siempre brilla por su ausencia, lo cual explica años de “inoperancia” sin detección ni corrección. Proyectos grandes y pequeños se aprueban sin reparar en la existencia de entidades similares. Por eso, la duplicación de funciones es un mal extendido a lo largo y ancho del aparato estatal.

La rectificación necesaria comienza por el reconocimiento de la responsabilidad de los diputados y su voluntad de abstenerse de procurar réditos políticos a partir de iniciativas puntuales, costosas e ineficaces como el fondo de becas puntarenense, más dedicado hoy al combate de la morosidad.