EscucharLa protección de la niñez tiene un espacio central constitucional dentro de las prioridades de los Gobiernos, que no ha logrado cristalizar en una política eficaz y coherente. Por otra parte, desde la campaña electoral se anunció la creación de una red nacional de cuido, de alto nivel profesional y apropiada infraestructura. Encomiable visión que apunta a afianzar desde la infancia los fundamentos de la equidad. Este programa es emblemático y para él se buscan los recursos considerados necesarios. Conviene armonizar presupuestariamente ambas agendas.
En el orden financiero los Gobiernos han sido indiferentes ante los cometidos esenciales del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). El Estado tampoco ha velado por su desenvolvimiento cabal, pese a las constantes quejas y a la defensa de los niños, valor primario de toda sociedad civilizada. El titular de LaNación del 7 de enero pasado describió su realidad financiera con un descarnado artículo: “Atención de niñez desborda a escaso personal del PANI”. Ahí se muestra la impotencia de esta institución para cumplir su mandato, porque el presupuesto asignado la obliga a funcionar con un personal tan exiguo que le es imposible atender apropiadamente sus obligaciones constitucionales de representación y defensa de los derechos de la niñez costarricense.
Toda administración pública debe guardar un nivel básico de debida coherencia en sus políticas. Es bueno y visionario abrir nuevos campos discrecionales en defensa de la niñez, pero no conviene desatender, al mismo tiempo, lo que ha sido obligatorio. No sería congruente intentar consolidar nuevos campos de soporte potestativo a la infancia, si se dejara en indefensión a la niñez más vulnerable: la agredida, la abandonada, la sujeta a medidas especiales de protección, en fin, la que depende enteramente del Estado para su tutela. Los nuevos horizontes de solidaridad deben acompasarse. He aquí, si faltara alguno, otro de los clamores por una reforma tributaria justa
La protección de la niñez forma parte del paradigma más profundo de derechos humanos básicos, porque expresa la protección debida a una población especialmente indefensa, que no puede defenderse por sí misma. Se podrían llenar anaqueles de tratados y convenciones de derechos humanos consagrados y de sentencias firmes de cortes internacionales, que determinan que todo país civilizado tiene obligación de dar protección especial a su niñez. Costa Rica no se ha quedado atrás y ha dado a esta obligación pública rango constitucional, en su artículo 55. Ese mismo mandato señala al PANI como entidad competente y responsable en la materia. Su ley orgánica determina las fuentes de su financiamiento, en proporciones expresas de los impuestos de renta, de multas de tránsito y del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. Adicionalmente, la ley 7972 le otorga un porcentaje de los impuestos de licores y cigarrillos. La previsión legal debería ser suficiente para superar este sistemático estado de desamparo presupuestario del PANI.
Si se siguieran al pie de la letra los montos que asignan las leyes 7648 y 7972 para el financiamiento del PANI, la administración debería girar a esta institución casi ¢50.000 millones. Sin embargo, esto no ocurre así. La Ley de Presupuesto de la República autoriza este año al PANI solamente ¢9. 000 millones, apenas un 18% de lo que le correspondería.
No existe justificación para que no se resuelva este fenómeno tristemente recurrente. La situación del PANI no es nueva y, en verdad, no todos sus problemas son de carácter presupuestario. Muchos casos, comentados en la prensa, responden a una gestión de bajo desempeño. Estamos cumpliendo casi el año de uno de los titulares más dolorosos: una niña enterrada en el patio de su casa, en Paquera, como crónica tardía de abusos sexuales denunciados ante el PANI, que no fueron atendidos por la oficina local. Es evidente que la obligación de la administración incluye la ejecución de una gestión ejemplar de parte de esta institución, tan decisiva en la defensa de nuestra niñez.
Pero el mismo personal del PANI reconoce la total imposibilidad de llenar sus funciones a cabalidad con menos de un quinto del presupuesto que le corresponde por ley. Difícilmente se logrará mejor desempeño institucional cuando apenas 70 abogados deben atender 41.000 procesos judiciales por año, cuando la ley manda que el PANI se apersone en defensa de los menores. No es humanamente factible que 273 profesionales técnicos puedan atender apropiadamente más de 34.000 denuncias por año. Esta demanda de apoyo es abrumadora frente a un personal insuficiente, que no puede aumentarse, mientras el PANI no reciba, como mínimo, una proporción mayor del contenido presupuestario al que puede legítimamente aspirar.
El insuficiente contenido presupuestario y el bajo desempeño de la gestión del PANI son tareas pendientes que los Gobiernos y la sociedad han desatendido desde larga data. La administración Chinchilla puede demostrar su vocación expresada de protección a la niñez más vulnerable, ofreciendo al PANI la prioridad de financiamiento y de desempeño administrativo que le compete. Ofende la razón y la dignidad desatender financieramente a la niñez, mientras gruesos sectores del país evaden impunemente sus obligaciones tributarias y la gestión pública sigue siendo objeto de justas críticas.
