Para el gobierno de Venezuela, el llamado de la Cancillería costarricense a respetar la voluntad popular manifestada en las urnas el 6 de diciembre es un acto inamistoso, insolente e inaceptable. Para la gran mayoría de los costarricenses, es una fiel expresión de los más caros valores nacionales. La administración del presidente Luis Guillermo Solís dio voz, con precisión y valentía, al sentimiento nacional.
“El Gobierno de Costa Rica hace una respetuosa pero vehemente excitativa a las autoridades electorales y partidarias venezolanas para que, con lucidez y entendimiento, se abstengan de comprometer la legitimidad del voto popular, y enaltezcan los principios y valores democráticos tan dificultosamente alcanzados por los pueblos de nuestra América”, afirmó la nota del canciller, Manuel González.
También expresó preocupación, en lenguaje diplomático, por las maniobras judiciales del chavismo para burlar el resultado electoral con la segura complicidad de magistrados elegidos por el régimen, a última hora y mediante procedimientos irregulares.
Nada ofende tanto a un tirano como el recuerdo de la voluntad popular y las garantías de la institucionalidad democrática. La andanada de insultos no se hizo esperar. La retórica destemplada del chavismo, salida del irónicamente llamado “Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores”, encuentra en el comunicado de nuestra Cancillería “evidencia” de “cómo esa institución se presta de vasallo a intereses imperiales y subalternos de potencias extranjeras, de manera reiterada y sin sonrojo, contra un estado latinoamericano”.
Leyó mal. El comunicado es evidencia de la fidelidad costarricense a los valores democráticos y a la institucionalidad que los consagra y preserva. Son compromisos libremente adquiridos con nosotros mismos y con la comunidad internacional mediante la suscripción de convenios como la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, tan menospreciada por el gobierno de Nicolás Maduro, y la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros.
La “enérgica protesta” venezolana, sin embargo, invoca a su conveniencia el derecho internacional para acusar a Costa Rica de violar su soberanía e intervenir en sus asuntos internos, recurso manido de los regímenes autoritarios en todo el planeta. En nombre de esos “principios”, Maduro y sus acólitos pretenden el silencio de la comunidad internacional para subvertir a su antojo el resultado electoral, mantener a sus opositores en la cárcel por dictado de tribunales obsecuentes, reprimir la libertad de expresión y, de ser necesario, desatar una vez más la violencia sobre los estudiantes y ciudadanos con el valor necesario para protestar.
“El insolente e inaceptable comunicado de la Cancillería de Costa Rica constituye una violación flagrante y deliberada tanto del derecho internacional como de principios expresamente consagrados en la carta de Naciones Unidas, como el respeto a la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en los asuntos internos, y además desconoce los poderes públicos de un Estado soberano”, dice el comunicado caraqueño.
Pero el principio de no intervención no puede implicar el silencio cómplice con la violación de los derechos humanos y las garantías políticas. Tampoco releva a los países comprometidos con esos valores del imperativo moral de elevar la voz frente a su flagrante violación.
Si el artículo 5 de la “Constitución Bolivariana” tiene algún valor, Costa Rica no hizo más que instar a respetarlo: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”.
La soberanía nacional la violará, según la propia Constitución del régimen, quien irrespete la voluntad de los venezolanos, expresada con toda claridad en las urnas pese a las ventajas electorales concedidas al oficialismo por la “legalidad” chavista. La invocación de la libre autodeterminación de los pueblos apenas merece comentario. Es como si el comunicado lo hubiera redactado un personaje salido de las visionarias novelas de George Orwell.
La firmeza de nuestro gobierno merece encomio. Costa Rica predica con el ejemplo, pero, en ocasiones como esta, también es necesario emplear la palabra y que conste la voluntad nacional de no guardar silencios cómplices. La actuación de la Cancillería y del presidente de la República nos enorgullece.