Según la presidenta del Frente Amplio, Patricia Mora, el caso de los 56.000 metros cuadrados de terreno valorados en ¢800 por el diputado Gerardo Vargas Varela, jefe de su fracción legislativa, quedó claro y no hay motivo para profundizar en él. Pero no hay claridad alguna en las explicaciones del Frente Amplio. Inicialmente, el excandidato presidencial José María Villalta negó irregularidad alguna porque la ley exige actualizar el valor de las propiedades cada cinco años, y como el diputado las adquirió en el 2011 todavía le quedaban nueve meses de plazo.
Cuando se le señaló la existencia de otras siete propiedades, adquiridas por el legislador antes del 2011, que suman 70.000 metros cuadrados y, en conjunto están valoradas en menos de ¢5 millones, dijo no saber de ellas y se negó a “especular”. A la fecha no se ha referido al transcurso del supuesto plazo de cinco años en el caso de estos bienes.
Luego, la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) dejó clara la inexistencia del alegado plazo y señaló que los propietarios deben registrar el valor real apenas adquieren los inmuebles. No hacía falta que la UNGL se molestara en hacer la aclaración porque la interpretación de la ley hecha por el excandidato es absurda, para no decir contraria a los intereses de la administración tributaria que el Frente Amplio dice defender.
La ley no concede un plazo de cinco años para ocultarle al fisco el valor de una propiedad. Exige al propietario actualizar el valor cada cinco años, pero no exime al último adquiriente del deber de tributar sobre el valor verdadero. La prueba es que la municipalidad del caso puede, en cualquier momento, hacer la revalorización si el contribuyente no cumple el deber de declarar.
Villalta no puede negarlo porque todavía resuenan sus palabras del 2012, cuando se desató la polémica por un caso idéntico, que culminó con la renuncia del ministro de Hacienda Fernando Herrero. El entonces diputado Villalta salió a defender a las municipalidades, afirmando el deber de declarar, sin excusas, el valor de las propiedades. “Está claro –dijo refiriéndose a Herrero– que utiliza toda clase de matráfulas legales para evadir y encima, cuando se le pone en evidencia, dice que no conoce la ley y culpa a las municipalidades. ¡Es el colmo!”.
En respuesta al editorial donde le señalamos las inconsistencias, el excandidato del Frente Amplio negó toda similitud entre los casos de Vargas y Herrero, aunque son idénticos, especialmente en cuanto a las siete propiedades adquiridas fuera del supuesto “plazo” de cinco años, a las cuales Villalta no ha querido referirse.
Sin embargo, la respuesta ya no alega la existencia del “plazo” y opta por tender una cortina de ambigüedad sobre las declaraciones iniciales del excandidato. “Después de revisar en detalle la información disponible, quiero rectificar un aspecto de las declaraciones que di a La Nación el pasado 4 de agosto. Quienes estamos en política siempre debemos estar dispuestos a escuchar y a rectificar cuando se dan buenos argumentos”, escribió.
La frase presagiaba la admisión de que el “plazo” no existe, como lo dicen la lógica y la Unión Nacional de Gobiernos Locales, pero el líder del Frente Amplio no llegó a ese punto. En lugar de aceptar con franqueza la falacia del argumento, muy próximo a las “matráfulas legales” contra las cuales tronaba hace tres años, afirmó que “entre los expertos tributarios consultados existen criterios encontrados sobre el plazo que tenía el diputado Vargas Varela para presentarse a la Municipalidad a actualizar las propiedades inscritas entre el 2011 y el 2014 (...). La ley no es clara sobre este punto”.
El pasaje es notable, en primer lugar, por la meticulosa referencia a “las propiedades inscritas entre el 2011 y el 2014”. Así evita el exdiputado, una vez más, referirse a las fincas adquiridas antes del 2011, donde no cabe siquiera la defensa del supuesto “plazo”, cuya existencia ahora está en duda, dada la diferencia de criterio entre los “expertos tributarios consultados”.
En segundo lugar, importa señalar que el líder del Frente Amplio no identifica a los expertos, en particular a los que le dieron la razón sobre la existencia del supuesto “plazo”. Tampoco explica por qué no les creyó y, al parecer, se decanta por el criterio de los que dijeron lo contrario, cuando su inclinación original era afirmar la existencia del “plazo”.
Hasta ahí parece haber un cambio de opinión, primero porque el excandidato expresó el deseo de “rectificar” y, después, porque escribe: “Pero es cierto que lo mejor, lo más conveniente, hubiera sido que el diputado Vargas Varela acudiera a hacer la actualización del valor de la propiedad inmediatamente después de que estas fueron inscritas” (sic).
La “rectificación” queda en duda. Luego de prometerla, el excandidato afirma que la ley no es clara y hay expertos no identificados convencidos de la existencia de un “plazo” que exime al adquiriente de declarar. Sin embargo, hacerlo es “lo mejor, lo más conveniente” y, acto seguido, recomienda a “todas las personas que aspiran a puestos de elección popular por el Frente Amplio que revisen bien el estado de sus declaraciones de bienes inmuebles y las pongan al día”. Es lo más “conveniente”, con lo cual no está claro si se trata de una obligación legal. No sabemos, pues, a cuál bando de “expertos tributarios” se sumó el excandidato.
Según el líder del Frente Amplio, la principal “diferencia” con el caso del exministro Herrero es que el diputado Vargas Varela acudió voluntariamente a la Municipalidad de Turrialba para actualizar el valor de sus propiedades –que ya habían sido declaradas por su precio real a la Contraloría– pero le respondieron que no tenían actualizada la plataforma de valores y no podían tramitar la revalorización solicitada.
Bien sabe el exdiputado que la declaración de bienes ante la Contraloría es obligación de todos los funcionarios de cierto rango y, con toda seguridad, también la hizo el ministro Herrero, salvo una grave anomalía. Sabe, además, que sobre esos valores no se cobran impuestos y la Contraloría mantiene los datos en absoluta confidencialidad, sin compartirlos siquiera con la administración tributaria. No declarar el valor real ante la Contraloría es una temeridad y una torpeza. La declaración carece de consecuencias tributarias, y quien la hace se libra de explicar injustificados aumentos del patrimonio después de concluida la gestión pública.
No hay motivo para no declarar el valor real y la Contraloría difícilmente aceptará la valoración de 56.000 metros cuadrados en ¢800. Por eso, la fidelidad de la declaración ante la Contraloría no es un acto particularmente virtuoso y, en el contexto de la respuesta de Villalta, su invocación no pasa de ser una cortina de humo. Solo importa la declaración ante la municipalidad. La mejor prueba es el diputado Vargas, quien al mismo tiempo tuvo los terrenos valorados en ¢85 millones ante la Contraloría y en ¢800 ante la municipalidad. Pero ¿cuál de las dos valoraciones se aplica para el cálculo de los impuestos?
Tampoco es cierto que la municipalidad se negara a aceptar la nueva valoración. No podía hacerla de oficio, porque no ha actualizando los valores promedio en varias zonas del cantón, pero esto no le impide al contribuyente rendir la declaración exigida por ley. “Los formularios están sobre el mostrador. Ese es un proceso que hacemos todos los días”, afirma con sencillez lapidaria María José Figueres, coordinadora de la Unidad Técnica Tributaria del Concejo turrialbeño.
No es cierto, entonces, que el diputado acudiera a la municipalidad “voluntariamente y sin que nadie lo obligara” para actualizar el valor de las propiedades “por convicción propia, mucho antes de que el tema saliera a la luz”. A lo sumo, es cierto que, con conocimiento del caso Herrero y de la ridícula valoración de sus propiedades, el legislador preguntó por el estado de sus bienes, años después de haberlos adquirido y a varios meses de haber ocupado la curul, desde la cual denunciaba la evasión tributaria, a sabiendas de un secreto flanco débil.
No aprovechó la visita a la municipalidad para tomar el formulario del mostrador, aunque la declaración ante la Contraloría demuestra su conocimiento de la enorme disparidad entre el valor de los bienes y la suma declarada ante el Concejo. Cuando el asunto salió a la luz, no antes, el diputado se animó a echar mano del formulario. Lo hizo apenas tres días después de culpar a la municipalidad de no haberle recibido la declaración, de todas formas muy tardía, en enero.
De nuevo, con impecable lógica, la funcionaria municipal preguntó: “Si tiene esas propiedades inscritas desde el 2011, ¿por qué se presenta a declarar desde que tiene un cargo público? Un contribuyente responsable las declara e inscribe el valor real desde que las adquiere, no desde que tiene un puesto político. La responsabilidad del contribuyente es presentarse en el momento en que adquiere la propiedad para tener sus tributos al día. No puede tenerlas en ¢100 cuatro años y después ser diputado y venir a decir que quiso declarar”.
Pero el legislador no llenó el formulario con la misma presteza y determinación demostradas al rendir la declaración ante la Contraloría, ahora esgrimida por el excandidato Villalta como muestra de “transparencia”. En presencia de Vargas y en el acto mismo de rendir la declaración, su abogado pretendió conseguir la aplicación de los valores promedio establecidos por el Ministerio de Hacienda en 1997, de nuevo porque la municipalidad no ha actualizado los datos. El resultado habría sido un precio mucho menor y no el valor que Villalta califica como “real” cuando elogia a Vargas por su transparencia ante la Contraloría, pero María José Figueres insistió en la coherencia y la actualización se hizo sin problemas, por el valor declarado a la Contraloría y días después “de que el tema saliera a la luz”.
En las circunstancias, solo cabe esbozar una sonrisa cuando el líder del Frente Amplio escribe que su copartidario “no es igual a los políticos que se amparan en las ambigüedades de la ley para eludir el pago de impuestos”. También cuando acusa a la prensa de medir a su partido “con una vara mucho más fina y rigurosa”. Este diario dio a conocer el caso Herrero y fue Villalta quien fijó el largo de la vara cuando dijo, en el 2012: “Si en Costa Rica hubiese una cultura de rendición de cuentas real, Fernando Herrero renunciaría sin necesidad de que nadie se lo pida”.
Efectivamente, entre los dos casos hay diferencias, pero la principal no es la visita del diputado Vargas a la municipalidad años después de haber adquirido los bienes, ni la actualización del valor después de conocerse públicamente el caso. La principal diferencia es que Herrero renunció.