La ampliación de la punta norte de la carretera a San Carlos se inició sin modificar el contrato y sin saber cómo se financiarían las nuevas obras. Al momento de la decisión, faltaban los estudios de demanda para justificar los carriles adicionales y dos terceras partes del valor de la obra fueron adjudicados sin licitación, mediante la ampliación de un contrato firmado tres meses antes de decidir las dimensiones definitivas de la vía, que al final costó ¢20.600 millones (¢13.000 millones, es decir, un 170% más).
Esa historia de imprevisión, improvisación y extrañas decisiones palidece al lado de las vicisitudes del sector central de la carretera. Hace décadas se oye hablar del tramo Sifón-La Abundancia, necesario para unir la punta norte de la carretera con la punta sur. Hace 48 años, unos visionarios comprendieron la importancia de la vía, capaz de acortar en 45 minutos el viaje a la riquísima zona norte del país. La obra no ha concluido y nadie se atrevería a decir cuándo estará lista.
Pasaron 36 años entre la concepción del proyecto y el inicio de su ejecución. En el 2005, una empresa taiwanesa comenzó la obra, pero la abandonó a mediados del 2008, cuando Costa Rica rompió relaciones con Taipéi. Desde entonces, el contrato para construir los 29,7 kilómetros ha sido modificado en siete ocasiones.
La Contraloría General de la República rehusó extenderlo una vez más, como se lo solicitó el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), para aumentar el costo en $24,6 millones y extender el plazo de entrega en 320 días. La decisión obedece a que la ampliación del contrato no garantiza la conclusión de la obra ni su precio final.
El costo del tramo Sifón-La Abundancia alcanzaría $213 millones si la Contraloría aprobara la gestión del Conavi, pero ese no sería, necesariamente, el precio final. Como en otros casos, el país supo cuánto se esperaba pagar por la obra ($164 millones), pero, superado el desembolso de esa cifra, todavía no conoce el costo final. Los $213 millones, a juzgar por las apreciaciones de la Contraloría, apenas representan un nuevo escalón en la ruta ascendente del precio.
La Contraloría considera “incompleta” la gestión del Conavi porque el proyecto no sería funcional sin otros elementos, ausentes de la propuesta de ampliación del contrato, que todavía no han sido definidos por la administración. La decisión pone en duda la continuación de los trabajos y el cumplimiento de la promesa presidencial de dejar la obra con un 90% de avance.
Tanto tiempo transcurrido no permite depositar la responsabilidad enteramente a las puertas de la administración actual. La incapacidad de ejecución plaga al Estado costarricense desde hace demasiados años. Por eso es incomprensible la resistencia a emplear otros medios de desarrollar obra pública con desplazamiento de los riesgos hacia los contratistas, como sucede con las concesiones. Si obra tras obra se encarece y tarda, ¿no sería mejor establecer desde el principio los costos y plazos, con previsión de responsabilidades por cualquier incumplimiento?
El debate sobre las concesiones se centra en los costos y las ganancias de las empresas contratadas, pero rara vez se cuestionan los fracasados intentos de construir por medios más tradicionales. En esos casos, se habla de los traspiés surgidos en cada caso y de los incrementos en costos, pero no se somete a juicio el método en sí mismo, como se hace en otras oportunidades. Quizá falta ver las contrataciones en conjunto para darnos cuenta de los cientos de millones pagados de más y los años de atrasos innecesarios.
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