Cometería el Gobierno un grave error si retira del conocimiento de la Asamblea Legislativa el plan de Contingencia Eléctrica impulsado por la anterior Administración. El proyecto tiene menos alcance que la propuesta del expresidente Óscar Arias, pero es un paso en la dirección correcta, menos radical como solución al estancamiento del desarrollo energético, pero suficiente para cosechar importantes beneficios.
El proyecto conserva el papel predominante del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), pero amplía las oportunidades abiertas a la generación privada. La petición de retirarlo de la corriente legislativa se funda en un supuesto cambio de circunstancias, dado el nuevo ímpetu del debate nacional sobre diversificación de la matriz energética. Contingencia Eléctrica, dicen sus críticos, es una iniciativa atada a la explotación del recurso hídrico.
Este diario aboga, también, por la diversificación, en especial por la explotación de nuestras abundantes riquezas geotérmicas. Ese desarrollo, por las dimensiones de los proyectos y la sensibilidad de las zonas donde se ubican las reservas, bien podría quedar asignado al ICE, pero no basta. El concurso de la empresa privada es necesario para satisfacer la demanda y reducir las tarifas, como lo viene prometiendo el presidente, Luis Guillermo Solís. Es necesario, además, para diversificar la matriz energética con proyectos eólicos, solares y de otra naturaleza.
El ICE no puede hacer la tarea en solitario. Tampoco puede hacerla de la manera más eficiente. La pregunta sin respuesta de los opositores a la generación privada es por qué negarse a permitir que una empresa particular invierta fondos propios y asuma riesgos para producir electricidad a precios fijados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). No hay motivo, en especial si los costos y, por ende, las tarifas son en mucho inferiores a las del ICE.
Esa es la pregunta que debe plantearse el Gobierno antes de retirar el plan de Contingencia Eléctrica. Si su intención es rebajar las tarifas para aliviar el presupuesto de los consumidores e incrementar la competitividad del país, no puede dar la espalda a ninguna cantidad de energía barata, producida sin carga financiera para el Estado.
Es preciso hacer a un lado los prejuicios que justifican la compra de energía a empresarios extranjeros, a precios mucho más altos, con tal de no permitir el desarrollo, en nuestro territorio, de una industria prometedora como fuente de empleo y agente del dinamismo económico.
La participación privada es necesaria para producir más, con mayor prontitud y a menor precio, pero también para impulsar a los emprendedores hacia la explotación de nuevas fuentes de energía. Cuando el ICE sacó a concurso la producción de 137 megavatios (MW) en el 2012, recibió ofertas de 28 empresas para construir proyectos eólicos capaces de generar 284,5 MW.
Los desarrolladores de plantas hidroeléctricas ofrecieron otros 75 MW y, en total, los interesados plantearon la posibilidad de producir 360 MW, prácticamente todos por debajo de la tarifa máxima fijada por la Aresep en $0,12 por kilovatio hora, una fracción del costo de la planta térmica de Garabito, que ronda $0,46 por kilovatio hora y quema 122 millones de litros de combustible fósil al año, con graves efectos para el ambiente.
Según el Ministerio de Ambiente y Energía, el costo por kilovatio en la contaminante planta de Garabito ascendió a $0,2875 en el 2011. La factura por la producción total de 22 gigavatios se elevó a $6,3 millones. Generadores privados produjeron electricidad limpia, ese mismo año, a un costo de $0,0883 por kilovatio. El consumidor habría ahorrado $4,4 millones y el ambiente se habría beneficiado si el ICE hubiera contratado con terceros en lugar de recurrir a la generación térmica. ¿Necesita el Gobierno una explicación más elocuente del alza en las tarifas eléctricas durante los últimos años?