EscucharLa comisión legislativa nombrada para investigar el otorgamiento de créditos por los bancos del Estado rendirá informe el 18 de este mes. Los diputados centraron las averiguaciones en dos préstamos, ambos concedidos por el Banco de Costa Rica, pero hay otras operaciones dignas de atención. El debate sobre una posible prórroga de la comisión ya comenzó.
Quienes prefieren poner punto final a las indagaciones una vez rendido el informe, se dicen preocupados por la posible interferencia de los procedimientos en la justa electoral. No pueden negar, sin embargo, los efectos saludables de la labor desplegada hasta la fecha, pese a algunos excesos y errores. En consecuencia, tampoco podrían negar la deuda del Congreso con el país si se resiste a indagar otros casos para terminar de correr los velos de la banca estatal.
El informe del 18 de diciembre versará sobre los créditos concedidos por el Banco de Costa Rica para importar cemento chino y concretar la compra de una planta eléctrica por Coopelesca. La investigación sacó a la luz importantes falencias de la banca y la política, casi siempre ocultas detrás de excesivos reclamos de confidencialidad y secreto. ¿Por qué esperar menos de los casos de Yanber, Las Brisas e Hidrotárcoles, entre otros?
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Las sumas son iguales o superiores, abundan los motivos de inquietud y, con las particularidades de cada caso, asoman los mismos problemas de gestión. Coopelesca y Sinocem apenas deben ser el comienzo del más concienzudo examen en la historia de la banca estatal. Más allá de sentar responsabilidades, el análisis legislativo puede constituirse en una hoja de ruta para la reforma institucional.
Por todos esos motivos, la comisión debe continuar su trabajo, no solo durante el resto de la administración Solís, sino a lo largo del próximo gobierno, hasta esclarecer las razones de tantos créditos fallidos, tantas pérdidas y tantas conexiones políticas y económicas. La prórroga de la comisión actual difícilmente bastará para concluir la tarea. Por eso, los nuevos diputados deben tener entre sus prioridades el establecimiento de un grupo investigador para dar continuidad al trabajo.
Si el problema es la posibilidad de interferencia con el proceso electoral, hay una solución sencilla. La Asamblea podría conceder la prórroga a partir del lunes siguiente a los comicios. El primer informe será rendido el 18 de diciembre. Casi de inmediato, vendrán los festejos de Navidad y fin de año. En la práctica, una prórroga así aprobada suspendería el trabajo investigador durante enero, el mes de actividad electoral.
Las posibilidades de interferencia en el curso de una posible segunda ronda son menores porque el electorado ya se habría decantado por dos candidaturas y el panorama se habría simplificado. Si a pesar de eso la comisión o alguno de sus integrantes dieran muestras de politizar el tema de forma indebida, la prensa y la opinión pública deberían estar listas para denunciarlo.
Lo importante es no perder la continuidad y no desaprovechar la oportunidad de hacer las reformas institucionales necesarias. El primer capítulo de la investigación ya sugirió importantes temas para el debate nacional. No sabemos cuáles de ellos serán incorporados a las conclusiones y recomendaciones del informe, pero a nadie le cabe duda de la necesidad de revisar los tipos penales aplicables en la lucha contra la corrupción. También parece clara la necesidad de reglamentar mejor el manejo de la información y registros, en particular las actas de las juntas directivas y la grabación de las sesiones, hoy destruidas irracional e inmediatamente. Como esos, muchos otros temas entraron a la discusión por la ventana abierta de la comisión legislativa. Mal haríamos en cerrarla.
