Juan Carlos Corrales, gerente del Banco Nacional, confirmó ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa la veracidad de las informaciones publicadas por La Nación sobre anomalías y problemas en la entidad financiera. “Son hechos ciertos, no vamos a decir que no”, afirmó bajo juramento. Para no dejar duda de los hechos a que hacía referencia, los pormenorizó.
Acto seguido, admitió haber tomado la decisión de recortar la pauta publicitaria de este diario como respuesta a las publicaciones negativas sobre el Banco. En otras palabras, el Banco utilizó su discrecionalidad sobre fondos públicos para castigar a La Nación por informar a los costarricenses la verdad.
No es una verdad cualquiera, sino la verdad sobre acontecimientos preocupantes en la principal institución financiera comercial del Estado. Es una verdad de evidente interés público, a la cual los costarricenses tienen derecho, pero la burocracia de la institución se reserva la potestad de penalizar a quien la divulgue.
En síntesis, el dinero de la ciudadanía se utiliza para mantenerla en la ignorancia y proteger las actuaciones erróneas de los servidores públicos. De paso, los recursos no se invierten de conformidad con su destino –promover las iniciativas comerciales del banco– sino para castigar las verdades incómodas.
“A confesión de parte, relevo de pruebas”, dijo Mario Redondo, diputado presidente de la comisión, valiéndose del aforismo jurídico para dar por bien establecidos los hechos. Tiene razón. Poco queda por esclarecer, salvo la extraña actuación de la Junta Directiva frente a la presión financiera que la administración del Banco intentó ejercer contra este medio sin éxito alguno y las contradictorias declaraciones, bajo juramento, de la gerenta de publicidad, Patricia Jara, cuyo análisis dejamos para otro editorial.
La conducta confesada va a contrapelo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el uso de medios indirectos para reprimir la libertad de expresión y el derecho del público a ser informado. También se contrapone a la doctrina desarrollada por el Sistema Interamericano, en particular el artículo 13 de la declaración de principios de la Comisión Interamericana, cuyo texto no podría ser más claro: “La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.
Por otra parte, los hechos confesados como ciertos dibujan una situación preocupante en el Banco. Los reportajes mencionados por el gerente incluyen el caso de la empresa Latco, cuyos movimientos financieros son objeto de investigación, y la participación en la compañía de una directiva del Banco Nacional. El gerente también señaló el autonombramiento de los directores en las juntas de las subsidiarias, donde ganarían más dietas y varias publicaciones sobre los problemas y riesgos del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), propiedad del Nacional en un 49%.
Tantos acontecimientos probados ameritarían algún movimiento de la Casa Presidencial, pero poco ha hecho el Poder Ejecutivo, salvo recomendar a los directores renunciar a los nombramientos en las subsidiarias e investigar la manipulación de la pauta publicitaria, cosa que la Junta Directiva del Nacional evitó hacer mediante una maniobra discutible.
“Son publicaciones ciertas. Es totalmente correcto lo publicado por el periódico”, dijo el gerente. Su única queja es que, en un caso concreto entre tantos reportajes, la información es cierta pero “el contenido no es equilibrado”. ¿Cómo se equilibra la verdad? ¿Con la mentira? La Nación nunca negó al Banco Nacional el derecho de respuesta. Publicó varios y jamás hubo un reclamo de la conducta contraria en las instancias correspondientes. El gerente se refiere a una consulta de nuestros periodistas, de la cual conservamos copia, a la cual respondieron en cinco párrafos, cuatro de los cuales no eran pertinentes a lo consultado. En cualquier caso, es difícil extraer de ese incidente concreto el derecho a castigar la verdad.