Ronald Matute. 11 abril

El sindicato de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente del Atlántico (Japdeva) dijo cinco veces “no” cuando, hace 10 años, el gobierno ofreció indemnizar a los trabajadores para que aceptaran la concesión de los muelles de Limón y Moín.

La propuesta consistía en repartir $137 millones entre los 1.334 empleados que serían despedidos si los puertos pasaban a ser operados por empresas privadas.Los dirigentes gremiales exigían en aquel entonces un pago de $700 millones.

El espacio para negociar se cerró en enero del 2011, cuando el bando que rechazaba la concesión se impuso en la elección interna del sindicato de muelleros.

A partir de ese momento, tomó impulso la idea de adjudicar a una compañía la construcción y operación de una megaterminal en el Caribe. También, desde entonces, jerarcas y trabajadores de Japdeva tenían claro que debían prepararse si pretendían competir con una transnacional.

Lo anterior representaba un colosal reto para una entidad acostumbrada a gastar el 80 % de sus ingresos en asuntos administrativos y excesivos pluses salariales.

Significaba un cambio total de mentalidad para una institución que utilizó el tortuguismo y cerró con candados el puerto como estrategia para defender privilegios.

Resultaba evidente que Japdeva debía orientarse hacia la modernización para librarse de la amenaza de una muerte lenta.

Dicen que en guerra avisada no muere soldado. Sin embargo, tal parece que la Junta no quiso escuchar los balazos, o nunca creyó que la refriega la alcanzaría.

Pasaron casi ocho años para que las instalaciones del megapuerto de APM Terminals fueran inauguradas. ¿Aprovechó Japdeva ese tiempo para prepararse? Qué va, más bien se llenó de proyectos que nunca concretó o quedaron a medias.

Evidencia de ello fue la decisión desesperada de utilizar los ¢15.000 millones, presupuestados para liquidar a sus empleados, en la compra de dos grúas pórticas que trabajan a la mitad de su capacidad.

Ahora, cuando la institución se ve con el agua hasta el cuello, algunos pretenden que el gobierno pague la indemnización que rechazaron hace 10 años. No se vale.

Ronald Matute es jefe de Información de La Nación.