EscucharArgentina se mantiene en vilo por una serie de manifestaciones públicas que, a juzgar por su número y objetivos, nada bueno auguran para el gobierno presidido por Cristina Fernández de Kirchner, heredera política y financiera de su difunto marido, el expresidente Néstor Kirchner, fallecido en el 2010.
Si bien las marchas públicas tienen una raigambre histórica que se remonta al acontecer político del siglo XIX, ahora sirven de palco escénico para una población crecientemente enardecida por los desmanes de la mandataria y el deterioro económico y social del país. Gracias al salto de las exportaciones agrícolas, la economía argentina se mantuvo en un promedio de crecimiento del 8% del 2003 al 2011, pero se contrajo al 1,9 % en el 2012. Los pronósticos para el presente año perfilan un aumento inferior al 3 %.
No menos desconsolador ha sido el ritmo de la inflación, alrededor del 30% para el presente año, conforme a las estimaciones de consultores privados. El capítulo de las cifras “cocinadas” por la Casa Rosada, mucho más alegres que los sombríos números emanados de los consultores independientes, ha desangrado políticamente a la mandataria.
La disparidad de las estadísticas inspiraron a la presidenta Fernández a emparejarlas por la fuerza. Multas y penas inmisericordes fueron impuestas a los medios de prensa por divulgar las cifras de fuente privada, así como a los profesionales que las elaboraron. Esta guerra llenó de titulares la prensa internacional.
Los clamores de la Casa Rosada no convencieron tampoco al Fondo Monetario Internacional (FMI), que ya utilizaba las estadísticas privadas. La pugna se resolvió hace poco en el seno del FMI, que le impuso duras penas a Argentina por falsificar sus estadísticas.
El desastre de las cifras fue acompañado por la embestida contra la prensa. La presidenta, en su guerra de las estadísticas, se ensañó contra los medios de comunicación que no se doblegaron al ucase presidencial. En particular, el grupo Clarín, el mayor, que además incorpora prensa, radio y televisión, se encuentra inmerso en una batalla con muchos frentes. El más reciente capítulo ha sido de cambios de normas para obligar a Clarín a reducir y diversificar el capital accionario, con el fin de darle al Gobierno potestades en los medios que han “golpeado” los manejos de la Casa Rosada.
Este objetivo fue frenado en los tribunales a instancias de Clarín, lo cual no resultó de particular agrado para el Gobierno. Dichas maniobras han sido acompañadas por una reforma de los tribunales, que redundaría en el control gubernamental de las salas jurisdiccionales. Estos cambios forman parte de un vasto programa para controlar mediante elecciones la designación de jueces y magistrados. El plan visualiza, además, aumentar el número de magistrados en la máxima sala judicial para dejar las decisiones al arbitrio del Gobierno. Todo esto, desde luego, para ganarle la partida a Clarín en las disputas con la presidenta Fernández. Por su parte, la oposición política ha convocado a una ola de protestas contra los afanes autoritarios de la mandataria, que busca posesionarse de la Administración de Justicia.
Sin embargo, no hay duda de que la presidenta Fernández está siendo acorralada por acusaciones de corrupción. Las denuncias las formula un popular programa televisivo del canal 13, propiedad del grupo Clarín. Una de las más duras acusa la existencia de dineros provenientes de fondos oficiales y privados que, en bolsos, se remiten a una quinta de Kirchner en la Patagonia para ser ocultados en una bóveda. Las novedades del canal 13 son, a su vez, reproducidas por la prensa del grupo Clarín.
Los analistas ponderan el posible impacto de esta serie creciente de denuncias en las elecciones parlamentarias del 26 de octubre próximo. Muchos estiman que la mala situación económica constituye una agravante de la deteriorada imagen de la presidenta y su gobierno. También señalan que las denuncias de corrupción tienen un impacto mucho mayor debido a la mala situación económica del país.
Por supuesto, el club de gobiernos chavistas aplaude, entusiasta, a al presidenta Fernández. Es claro también que el espectáculo de expropiaciones y otros golpes del gobierno kirchnerista al sector privado no motivan elogios en las democracias occidentales. Y otro factor clave será el efecto de la corruptela oficial en las consultas electorales próximas. Muchas incógnitas podrían aclararse entonces, sobre todo el rumbo del sistema democrático y su balance actual.
