16 marzo, 2016

Dennis Meléndez, de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), estima necesario renegociar la concesión de la ruta a Caldera para emprender su ampliación. La carretera se quedó corta desde el primer momento y, con frecuencia, es necesario cambiar la dirección de sus carriles para evitar embotellamientos.

La falta de capacidad de la vía obedece al larguísimo plazo transcurrido entre el diseño y la ejecución de la obra. Peor habría sido no construirla cuando por fin se tuvieron listos los trámites necesarios. Es una carretera pensada para el tráfico de hace décadas, no para el actual. Esa imprevisión y sus consecuencias deberían bastar para no caer en el mismo error.

La necesidad de la ampliación se hizo evidente desde el primer momento. No hace falta pensarlo mucho para concluir que el nuevo proyecto debe ser puesto en marcha cuanto antes. Los peajes han pagado cuando menos un 45% de la obra, precisamente porque el flujo vehicular es mayor de lo previsto, según datos del Consejo Nacional de Concesiones.

Eso no significa la cancelación total de la carretera en otros seis o siete años, porque las previsiones financieras obligan a estimar los ingresos según su valor en noviembre del 2000, cuando se firmó el contrato de concesión, pero el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) podría recibir la vía mucho antes del plazo máximo estipulado de 25 años.

En las circunstancias, el proyecto de ampliación se hace mucho más atractivo, no solo por las demostradas necesidades del transporte sino también por su factibilidad financiera. Según la Aresep, es posible que lo cancelado hasta la actualidad más bien sea un 56% del valor de la carretera, pero sus estudios son preliminares. El examen comenzó hace meses. Mucho antes, las autoridades contrataron a una empresa para medir el tráfico vehicular y obtener información confiable.

La concesionaria Globalvía ya planteó al MOPT un proyecto de ampliación con seis carriles entre La Sabana y Ciudad Colón y cuatro en el resto de la carretera, hasta el puerto de Caldera. La concesión es la única forma realista de hacer la ampliación con la premura necesaria. El debate sobre la ruta 27 todavía está fresco, pero las ventajas de la carretera, aun con su limitada capacidad, son evidentes.

El Consejo Nacional de Concesiones existe para garantizar la correcta aplicación de la figura y salvaguardar el interés público en la ejecución de las obras. Para eso existen, también, las demás autoridades relacionadas con la materia. El país no debe seguir postergando el desarrollo de obra pública por temores surgidos de algunas experiencias pasadas, y es preciso recordar otras, donde el modelo ha resultado exitoso.

La operación portuaria de Puntarenas es un ejemplo. La empresa concesionaria moviliza cantidades de carga ni siquiera imaginadas en el texto del contrato, pese a contratiempos no imputables a su gestión. Costa Rica necesita, al menos, $10.000 millones para poner su infraestructura al día. La cifra está mucho más allá de las posibilidades reales, sobre todo tomando en cuenta las exiguas sumas presupuestadas para el desarrollo de vías, puentes y otras obras necesarias para mejorar la competitividad y la calidad de vida.

La permanencia de las obras en planos, como sucedió durante décadas con la vía a Caldera, es un lujo demasiado caro. Muchos países utilizan la concesión de obra pública con éxito y el nuestro no tiene por qué ser la excepción. La ampliación de una de las principales vías nacionales es una buena oportunidad para poner manos a la obra, con seriedad, apego a la ley y a los parámetros técnicos de sobra conocidos por las autoridades del ramo.