12 agosto, 2015

Un breve repaso de las noticias de los últimos años da cuenta del incremento constante de conflictos sociales motivados por el uso y abuso de los recursos hídricos, en cuya gestión intervienen múltiples actores públicos y privados, a veces sin claridad de sus funciones y competencias jurídicas.

Esta situación explosiva, que tenderá a agravarse conforme aumente también la demanda y sobreexplotación de los mantos acuíferos, a partir del 2025, deriva del desorden y descoordinación que predominan en un sector regido por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), según la ley actual.

En la práctica, la institución solo atiende y controla el 60% del suministro del país y desconoce la calidad del servicio que se brinda bajo el modelo de Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asadas) o en los 28 acueductos municipales, que en conjunto proporcionan el 40% restante.

A pesar de que abastecen una cuarta parte del agua potable del país, las Asadas, cuyo número supera las 1.500, carecen de capacidad logística y financiera y a veces ni siquiera son una estructura organizada. Estas limitaciones ocasionan choques en las comunidades, que recurren a comités alternativos para dirimir sus diferencias, a la asociación de desarrollo o incluso a la Sala Constitucional.

Un 40% de las Asadas no han firmado el convenio de delegación con el AyA y por tanto carecen de estatuto legal para brindar el servicio, aunque la presidenta ejecutiva de la institución, Yamileth Astorga, no se atreve a confirmar cuántas podrían calificarse de ilegales debido a la informalidad y precariedad en que opera la mayoría.

El aspecto jurídico, que no es desdeñable, no es ni mucho menos el esencial: “Un tema es que estén a derecho; el otro, que a veces es hasta más importante, es que lo hagan bien, que administren bien el agua, que tengan una buena toma, buena distribución”, aseguró Astorga.

Solo un 10% de las Asadas funcionan bien, de acuerdo con estimaciones de Rolando Marín, de la Unión de Acueductos Comunales (Unaguas), lo cual no es sorprendente si se piensa en el grado de desinterés que ha mostrado el Estado costarricense, ya sea por medio del AyA o de los gobiernos locales, en darles respaldo técnico y cooperación administrativa y financiera.

Esta situación comenzó a cambiar en el 2013 cuando la intendencia de Aguas de la Aresep inició un levantamiento de datos de las Asadas. El programa, en la actualidad a cargo del AyA, es vital para conocer el estado real de la red, proteger las nacientes y establecer políticas públicas que permitan darle un criterio de racionalidad a la demanda intensiva del agua, que será crítica en la próxima década.

Aunque sea un proceso lento, ya que para el 2016 solo se habrá cubierto una tercera parte de los acueductos, es un paso indispensable para informatizar las bases de datos sobre el agua y avanzar en una gestión integrada de los recursos, tanto para los actores comunales –Asadas– como los institucionales: el AyA, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) y la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), entre otros.

Esta información también es necesaria para que las Asadas mejoren sus capacidades gerenciales y se beneficien de un modelo asociativo, federativo o regional, que les permita atender en conjunto las necesidades del crecimiento futuro, algo que en la actualidad no pueden contemplar debido a su atomización e insolvencia.

En esta década, Costa Rica ha hecho un esfuerzo por modernizar su legislación sobre el agua, pero los resultados, al menos por ahora, se han quedado en el intento. Hace un año, la Sala IV declaró inconstitucionales algunos de los artículos de la Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, después de la aprobación en primer debate. La iniciativa, aunque corrija estos aspectos, contempla consideraciones que deberían ser sujeto de una discusión amplia y exhaustiva, debido a la relevancia del agua como bien público.

Como parte de ese impulso, este año se encuentra en la corriente legislativa un proyecto que autorizaría a las cooperativas a hacerse cargo de los acueductos que no pueden atender las Asadas, por incapacidad gerencial o financiera. La propuesta fue rechazada por el AyA y el Minae, bajo el criterio de que no debe comerciarse con el derecho humano de acceso al agua.

Lo que es arriesgado no es que se abra el mercado del agua a otros modelos de gestión que, bajo objetivos claros, serían beneficiosos para la comunidad, sino que se haga a ciegas, de forma irresponsable, sin asegurar un uso sostenible de los recursos hídricos.

En un momento en que se cuestiona la capacidad de recarga del acuífero Colima y Barva, ante la presión urbana, del cual depende el agua potable del Valle Central, no podemos tomar decisiones apresuradas.