La Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica desempeñó su delicada tarea de análisis del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social y llegó a conclusiones muy parecidas a las de otros estudios rechazados por la institución en el pasado. Con encomiable sinceridad y sentido del deber, los expertos de la casa de altos estudios fueron más allá del cálculo actuarial para señalar las malas decisiones políticas, la posposición de las soluciones y los defectos todavía existentes en la administración del fondo de pensiones más importante del país.
De la crítica expresada por Rodrigo Arias López, actuario de la UCR, se desprende, en primer lugar, un serio enjuiciamiento a la demagogia detrás de las decisiones que han llevado al régimen a un punto crítico. En esta categoría cae la creación de nuevos beneficios sin estudios técnicos que acreditaran la posibilidad de financiarlos. En el 2005, la Caja ofreció la posibilidad de adelantar la pensión y, un año más tarde, eliminó la prohibición de anticipar el retiro cuando no superara el monto mínimo de jubilación. Entre el 2006 y el 2010, la contribución de los trabajadores independientes se mantuvo igual.
Esas decisiones, citadas a manera de ejemplo, costaron al régimen miles de millones y aunque algunas fueron rectificadas, el daño quedó hecho. Quizá la peor decisión hasta ahora, también vinculada con la aversión a pagar costos políticos, es la posposición, gobierno tras gobierno, de los cambios indispensables en el monto de los beneficios, las cotizaciones y la edad de jubilación.
Esas críticas, sin embargo, ya habían sido formuladas. Ahora, los actuarios de la UCR son los primeros en señalar una muy preocupante deficiencia: los informes de la Caja sobre el principal fondo de pensiones del país no tienen la rigurosidad profesional deseable. Los análisis, dice Arias, no cumplen con los estándares internacionales, especialmente en materia de gestión de riesgos.
“La gestión actuarial debe fortalecerse para que haya más profesionalismo”, afirmó Arias para luego insistir en la necesidad de poner tan delicadas funciones en manos de verdaderos profesionales en ciencias actuariales. Los estudios internos del IVM determinan la gestión de riesgo y si las debilidades se presentan fundamentalmente en ese campo, la gravedad del problema se magnifica.
La gestión del régimen de pensiones de la Caja ha sido blanco de crítica en el pasado, incluso con suspensión y retiro de altos ejecutivos, pero los actuarios de la UCR son los primeros en enjuiciar públicamente la calidad técnica de los estudios que hasta ahora la institución blandió como equivalentes a otros análisis en el debate sobre la salud del régimen, especialmente en las disputas con la Superintendencia de Pensiones durante la gestión del superintendente Édgar Robles.
Hecha la crítica, los expertos de la UCR no podían dejar de señalar el riesgo moral existente en la CCSS, donde los funcionarios encargados de ejecutar los estudios internos son los mismos que hicieron los números desde el inicio y si los resultados no son los esperados, a ellos les toca decirlo, con lo cual señalarían deficiencias en su propio trabajo. “Eso podría ocultar lo que está sucediendo en el IVM”, dijo Arias.
La conclusión seguramente no sorprenderá a Édgar Robles, quien en el 2010 acusó a la Caja de “maquillar” las cifras para acreditar la solidez del sistema hasta el 2038. Ese mismo año, Robles mantuvo un intenso debate público con la institución para exigirle transparencia y entrega de la información que le fue negada insistentemente. La advertencia de los expertos de la UCR sobre la posibilidad de que permanezca oculto lo que realmente pasa en el IVM parece un eco de aquellas discusiones. En cualquier caso, esos expertos merecen agradecimiento por rehusarse a caer en la complacencia y señalar la responsabilidad de la Caja en el deterioro financiero del régimen.