EscucharEl acoso sexual es inaceptable en cualquier escenario, pero en el Ministerio de Seguridad Pública reviste especial gravedad. Es la dependencia encargada de proteger y servir a una ciudadanía muchas veces indefensa frente a la autoridad. Si los agentes no respetan a sus colegas, investidas por ley de iguales facultades, ¿qué pueden esperar las ciudadanas?
La Policía acude a peticiones de auxilio en sitios alejados, a menudo de noche, y en múltiples ocasiones se le invita a entrar en espacios cerrados para revisarlos y asegurar la ausencia de peligros. Detiene vehículos en las carreteras y, cuando la situación lo amerita, ejecuta arrestos. La posibilidad de abuso en todos estos casos es grande y los fines de la Fuerza Pública no pueden ser cumplidos a cabalidad sin la confianza de los ciudadanos.
Por todas estas razones, la sociedad tiene derecho a exigir del policía una conducta intachable. Las mujeres incorporadas a la Fuerza Pública tienen tanto derecho como cualquier otra a ser respetadas en el ejercicio de sus funciones, pero sus colegas masculinos están más obligados que nadie a cumplir escrupulosamente los deberse de su cargo.
Así debe ser, pero la realidad dista del ideal. De las 130 denuncias por acoso sexual recibidas el año pasado en la Defensoría de los Habitantes, 47 salieron del Ministerio de Seguridad Pública. El número es en sí mismo preocupante, pero la gravedad de las transgresiones añade motivos de preocupación. Una oficial denunció al jefe por desenfundar un arma para obligarla a acceder a sus pretensiones sexuales. El hombre fue separado del cargo varios meses, regresó y se pensionó con toda normalidad. Otras dos mujeres lo habían denunciado por hostigamiento.
La jerarquía tampoco pone a las mujeres a salvo. La exviceministra Flor María Calvo presentó una denuncia tras recibir un mensaje de fuerte contenido sexual enviado desde el teléfono de un jefe policial. Según la exfuncionaria, el hostigamiento es frecuente en el Ministerio.
Si la jerarquía de la mujer no garantiza su tranquilidad, la del hombre es muchas veces utilizada para fines ilícitos. Una oficial dice haber sido amenazada con la asignación de puestos peligrosos si no se sometía a las pretensiones de su jefe. Otra sufrió represalias por rechazar similares insinuaciones. En un caso, el jefe dispuso pernoctar en una cabina. Cuando la oficial pidió quedarse en el puesto policial, recibió una respuesta rebosante de cinismo: el hombre preguntó si no le habían dicho que el trabajo en la policía es difícil.
El ministro José María Tijerino creó la Oficina de Equidad de Género para combatir los abusos, pero la naturaleza del Ministerio de Seguridad Pública exige mucho más. Es necesario flexibilizar el ordenamiento jurídico aplicable a los despidos en ese despacho. Todos los cargos policiales son, en alguna medida, puestos de confianza, y es preciso correr el riesgo implícito en la concesión de amplias facultades de despido a los más altos funcionarios.
Los procedimientos instituidos en la actualidad son lentos y complejos. La pérdida de confianza recaída sobre un oficial denunciado en varias oportunidades por diversas subalternas no es fundamento seguro para el despido. En el mejor de los casos, los sospechosos son suspendidos con goce de salario mientras se les investiga, y el cese solo procede a partir de razones bien probadas, como ocurre con cualquier otro trabajador.
Pero el policía no es cualquier trabajador. Sus funciones son especialmente delicadas y la ley reconoce la diferencia, por ejemplo: cuando le niega el derecho a huelga. Lo que es cierto para el acoso sexual también lo es, por supuesto, para otras formas de corrupción existentes en la Policía.
