4 junio

Un estudio de la Academia de Centroamérica, publicado por la Cámara Costarricense de la Construcción, precisó el costo del exceso de trámites para ese importante sector de la economía. Con el objeto de hacerlo más comprensible, la cámara tradujo los colones a casas e informó de un desperdicio equivalente a 5.284 viviendas.

En otras palabras, si simplificáramos los trámites podríamos regalar un techo a 5.284 familias. La edificación de las casas no sería posible sin contratar hasta 4.622 operarios. Los trámites también afectan el empleo. El Estado mismo sufre la lentitud de sus procedimientos cuando deja de cobrar hasta ¢3.913 millones en impuestos.

La historia solo demuestra la antigüedad del problema, la conciencia de sus efectos perjudiciales y la lentitud de las soluciones

Los proyectos de vivienda tardan entre 9,6 y 12,4 meses, según su tamaño, para superar la fase de trámites, en especial los requisitos previos y los permisos ambientales. Los atrasos pesan, además, sobre los proyectos de interés social, donde el Estado participa, eventualmente, con financiamiento. El interés social no exime de trámites hasta de dos años.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), encargado de combatir la tramitomanía, no disputa las conclusiones del estudio. Se limita a destacar, como si fuera consuelo, la simplificación de 232 procesos burocráticos a lo largo de la pasada administración. También pudo haber destacado gestiones de la administración Chinchilla, cuyo programa de simplificación de trámites logró varios relevantes para la construcción, como la eliminación de requisitos para solicitar servicios de agua y la reducción de los plazos para certificar obras terminadas. La administración Arias designó un viceministro para cumplir las mismas tareas y en ese cuatrienio no faltaron mejoras.

En octubre del 2011, un editorial de este diario recordaba el lanzamiento, cinco años antes, de la iniciativa para racionalizar trámites. Pasado el lustro entre el 2006 y el 2011, dábamos cuenta del logro obtenido en una de las tres etapas de los trámites de construcción: el visado de planos ya no tardaba 280 días, sino 30, plazo máximo concedido a la administración para responder las solicitudes. La Cámara Costarricense de la Construcción festejó la noticia, pero señaló la supervivencia de obstáculos burocráticos en las otras dos etapas, muchos de los cuales subsisten a esta fecha.

La historia solo demuestra la antigüedad del problema, la conciencia de sus efectos perjudiciales y la lentitud de las soluciones. Si el cuatrienio pasado sumó a los avances de años anteriores la simplificación de 232 procesos, pero solo en el sector de la construcción subsisten obstáculos burocráticos valorados hasta en un 0,2 % del producto interno bruto, podemos concluir que la tramitomanía fue calamitosa y los esfuerzos de doce años la transformaron en un fenómeno apenas malo. A fin de cuentas es un avance, pero su ritmo y profundidad están lejos de satisfacer las necesidades de la construcción y de todos los sectores productivos, en especial los más expuestos a la competencia internacional.

Pero la tramitomanía no solo opone obstáculos al desarrollo económico, también afecta directamente la calidad de vida. El ciudadano sufre el irrespeto de los requisitos absurdos, duplicidad de trámites y múltiples ventanillas, ante las cuales comparece, indefenso, a pagar tributo a la burocracia.

Los requisitos no siempre son claros y mucho menos uniformes. Para la corrupción, toda esa complejidad es una oportunidad de lucro a costa de la economía, la paciencia del ciudadano y la confianza en la institucionalidad. El negocio de los “gavilanes”, con sus contactos “adentro” para agilizar los trámites, es una de las manifestaciones visibles del problema. Hay otras, menos evidentes y quizá más importantes.

Es difícil exagerar la importancia de introducir racionalidad en esta materia. La digitalización ofrece grandes oportunidades para lograrlo. El gobierno digital ya ha demostrado sus ventajas y debe ser una prioridad, así como la revisión de los procesos internos de las instituciones públicas.