EscucharEn ocasiones escuchamos a la señora Presidenta en campaña repetir la consigna de un gobierno de diálogo nacional, reconociendo implícitamente las profundas heridas que los conflictos de años anteriores han provocado en la sociedad costarricense: “diálogo para avanzar”.
Sin embargo, a un año de gestión, sigue la tendencia a imponer proyectos, atentando contra la legalidad. Por ejemplo, el proyecto Diquís: ya avanzado el diseño, no se ven muestras claras de respeto al Convenio 169 de la OIT, el cual contempla la consulta a las comunidades indígenas de acuerdo con sus propias costumbres y en su idioma.
Se rehúye, además, el debate amplio y democrático en la construcción de una política energética de Estado. La manipulación, a través de la estrategia del miedo, argullendo una falsa escasez, justifican presiones para aprobar leyes como la de Contingencia Eléctrica. Así, se atenta contra un modelo eléctrico solidario y su sustentabilidad socioambiental al pretender la apertura del mercado y declarar de interés público y conveniencia nacional cualquier planta hidroeléctrica. Abren la posibilidad de explotar todo el potencial de nuestro país, aunque no lo necesitemos.
Preocupa también la insistencia en desmantelar el Tribunal Ambiental Administrativo y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, instituciones llamadas, en la Ley Orgánica del Ambiente a asegurar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El primero, de las pocas instituciones que dan alguna respuesta a delitos ambientales, ha levantado la voz por comunidades y el ambiente, como en caso expansión de monocultivos y proyectos irregulares. Sin embargo, ahora lo debilitan presupuestariamente y lo entorpecen con presiones políticas para evitar el cierre de empresas.
Segundo, Setena (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) ha abandonado hace cinco años su vocación técnica para aprobar decenas de proyectos con criterios políticos, viabilidades inconsistentes e ilegales; liderada “interinamente” por el viceministro de Ambiente, se compromete su carácter de desconcentración máxima en la toma de decisiones.
Por otro lado, “consultores externos” flexibilizan el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, desconociendo a la Comisión Mixta, compuesta por representación de diversos sectores de la sociedad y rechazando proyectos de ley para evaluar el impacto ambiental previo al otorgamiento de concesiones; la despolitización, planificación, evaluación acumulativa de impactos y descentralización son temas urgentes aquí.
A nivel legislativo, si bien es cierto, la reforma que prohíbe la minería metálica es un logro importante después de más de quince años de incidencia de nuestras organizaciones ambientalistas, se mantienen vigentes dos amenazas: los proyectos mineros Bellavista y Crucitas. Y sigue postergándose la agenda hídrica compuesta por proyectos de valor estratégico para el país, tras una normativa obsoleta y permisiva
La persecución histórica hacia activistas ambientalistas ha dejado dolorosas cicatrices. La última muerte de una compañera fue justo días después de un discurso en la zona norte, donde la presidenta de la República llamaba a combatir a los ambientalistas.
Diálogo para avanzar, no es solo avisar un proyecto determinado y pedir una opinión que quedará en papeles. Es construir entre todas y todos sentidos comunes que permitan la sustentabilidad socioambiental de nuestra sociedad. Impulsar este diálogo será la única manera de lograrlo.
Si hablamos de diálogo en materia ambiental, se debe acompañar de acciones que motiven y aseguren a las partes involucradas.
El compromiso debe ser real para protección del ambiente y manejo sustentable de los recursos.
A las palabras se las lleva el viento, pero el impacto en bosques, ríos, salud y en la calidad de vida de las personas será permanente si no se actúa y si no se llega a consensos pronto.
