Andrés Velasco. 5 febrero

LONDRES – El mandato de Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela expiró el 10 de enero. Obedeciendo la Constitución del país, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional democráticamente elegida, juró como presidente interino. Inmediatamente, Estados Unidos, Canadá y gran parte de América del Sur lo reconocieron como el líder legítimo de Venezuela. Varios países europeos ya han hecho lo mismo.

Pero no así México, cuyo presidente, Andrés Manuel López Obrador, declaró que se ceñiría al principio de la no intervención. Uruguay, asimismo, se niega a reconocer a Guaidó y su Ministerio de Relaciones Exteriores afirma que los problemas de Venezuela deben ser resueltos de manera pacífica por los propios venezolanos. Coincidentemente, esos dos países llevarán a cabo una conferencia internacional cuyo objetivo es convertirlos en mediadores del impasse venezolano.

Sus argumentos son los dos que más suelen repetir quienes apoyan la dictadura venezolana. Al principio, parecen razonables, pero al cabo de un momento de reflexión, ambos razonamientos resultan cínicos, absurdos, o las dos cosas.

La pregunta no es si las democracias del mundo deberían intervenir, sino cómo deberían hacerlo

Empecemos por el segundo. Por supuesto, los venezolanos deberían resolver su propia crisis. Sin embargo, hay una pequeña dificultad: Maduro no lo permite.

En los días transcurridos desde que Guaidó juró como presidente, las fuerzas de seguridad han dado muerte por lo menos a 40 personas y detenido a unas 800. En las elecciones generales del 2015, la oposición obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional, pero desde entonces Maduro ha despojado a ese organismo de casi todos sus poderes y ha llenado la Corte Suprema y el Consejo Nacional Electoral con sus secuaces. La mayoría de los líderes opositores están en la cárcel o en el exilio, y unos 4 millones de venezolanos (1 de cada 7) se han visto obligados a salir de su país. Human Rights Watch y otras ONG de prestigio repetidamente han puesto de manifiesto la sistemática violación de los derechos humanos imperante en Venezuela.

Bajo estas circunstancias, repetir que los venezolanos deben resolver sus propios problemas y luego no hacer nada es garantizar que nada va a pasar, excepto, evidentemente, que se continuará violando los derechos de los venezolanos. La parálisis se ha convertido en un patrón. En los últimos años, los tímidos intentos de mediación por parte del Vaticano, España y otros no llegaron a ningún lado precisamente porque ahí era donde Maduro, reacio a negociar para entregar su poder dictatorial, deseaba que llegaran.

Estas son las malas noticias. Las buenas son que la audaz actuación de Guaidó ha motivado a gran parte del mundo a la acción. Este avance no puede ser revertido ahora por espurios llamados a la no intervención.

Los dictadores, invariablemente, redescubren este supuesto principio cuando les conviene. Así lo hicieron Augusto Pinochet en Chile y Fidel Castro en Cuba. En el caso actual, el mantra de la no intervención además choca con la realidad de que poderes extranjeros ya están interviniendo en Venezuela. Oficiales de inteligencia cubanos ayudan a manejar el aparato represivo de Maduro, mientras que China y Rusia han hecho préstamos por miles de millones de dólares, con una contabilidad tan poco trasparente que nadie sabe con certeza cuál ha sido el destino de esos fondos.

Los argumentos para impugnar la vacía retórica de la no intervención no son meramente prácticos. Mantenerse al margen y llamar al diálogo mientras un maleante le pone un cuchillo en el cuello a una abuelita y le arrebata su cartera, es un acto que bien puede describirse como no intervención, pero no es valiente ni ético.

Tenemos el deber moral de defender la vida y la dignidad humanas contra las atrocidades, dondequiera que se cometan. Por ello, la mayoría de los países del mundo (aunque no Estados Unidos, ni Rusia ni China) reconocen la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. No se puede argumentar a favor de la no intervención cuando un dictador o un caudillo comete crímenes de lesa humanidad.

Propugnar una defensa supranacional de los derechos políticos y civiles básicos puede parecer una postura menos obvia, pero no por ello resulta débil. Ser un miembro respetado de la comunidad internacional conlleva la obligación de no encerrar a los oponentes políticos en la cárcel y de no robarse las elecciones. La Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos impone estas obligaciones a sus signatarios y contempla sanciones –incluso la expulsión de la OEA– a los infractores reincidentes. El triste hecho de que no siempre se hagan cumplir las disposiciones de la Carta (hacerlo requiere el voto de la mayoría absoluta de los miembros) no significa que su existencia deje de ser éticamente indispensable.

A pesar de que Maduro ya no tiene ningún derecho legítimo a ocupar la presidencia, insiste en aferrarse al poder. La pregunta no es si las democracias del mundo deberían intervenir, sino cómo deberían hacerlo. La única prueba que los líderes foráneos deberían aplicar se desprende de lo que Max Weber llamó la ética de la responsabilidad: ¿Cuál será la consecuencia de mis acciones? ¿Mejorarán ellas la situación?

Es concebible que las intervenciones desacertadas empeoren la situación. Por ejemplo, la belicosa retórica del presidente estadounidense, Donald Trump, podría desatar un sentimiento nacionalista en Venezuela. Sin embargo, las intervenciones hábiles de las democracias del mundo ya han surtido efectos beneficiosos. La presión política y financiera sostenida que eleva los costos para las fuerzas armadas del país de apuntalar a Maduro –junto con un oportuno ofrecimiento de amnistía– puede hacer que una transición política se vuelva inevitable.

En años recientes, la comunidad internacional justificaba su pasividad afirmando que la oposición estaba dividida y era inconcebible que una acción extranjera desalojara a Maduro. Ese tiempo ya pasó. Es posible que al cabo de 20 años de destrucción de las instituciones democráticas de Venezuela y de hundimiento de su economía, la pesadilla desatada por Hugo Chávez y empeorada de manera contundente por su sucesor, Maduro, esté finalmente llegando a su fin.

Como lo han hecho tantas veces a través de la historia, los defensores de la dictadura intentarán reprimir el cambio con llamamientos cada vez más estridentes a la no intervención. El mundo debería hacer caso omiso de ellos.

Andrés Velasco, excandidato a la presidencia y exministro de Hacienda de Chile, es decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science. © Project Syndicate 1995–2019