Barbara Unmüßig. 9 noviembre

BERLÍN – Según el más reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), la principal autoridad científica del mundo en lo referido al calentamiento global, evitar que la temperatura mundial suba más de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales es una meta alcanzable. Con esto, el IPCC da un paso en la dirección del tipo de “realismo radical” que numerosos actores de la sociedad civil llevan mucho tiempo propugnando.

El IPCC no apuesta a combatir el calentamiento global con propuestas de geoingeniería, como la captura masiva de dióxido de carbono atmosférico en lo profundo del océano o “atenuar el sol” dispersando aerosoles en la atmósfera. Estas soluciones, en gran medida teóricas, pueden tener consecuencias desastrosas para la gente y los ecosistemas, que podrían agravar no solo la crisis climática, sino también las otras crisis sociales y ecológicas que enfrentamos.

Evitar un aumento de temperaturas globales superior a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales es la mejor esperanza que tenemos de contener los efectos de una crisis climática nacida de injusticias históricas y de desigualdades arraigadas

En vez de eso, el IPCC prioriza la búsqueda de modos de no cruzar el umbral de los 1,5 °C en primer lugar; afirma que para lograr una reducción del 45 % en la emisión global de CO2 en el 2030 y llegar a una emisión neta nula en el 2050, debemos descarbonizar la economía global de inmediato.

Para lograrlo será necesario no solo transformar la actividad económica, sino también confrontar una dinámica de poder destructiva y las desigualdades sociales. En tal sentido, la fundación Heinrich Böll acaba de publicar una antología titulada Radical Realism for Climate Justice (Realismo radical para la justicia climática) que presenta estrategias elaboradas por movimientos sociales y organismos civiles de todo el mundo para lograr ese cambio.

En concordancia con el mensaje central del IPCC, consideramos necesaria una reducción urgente de la producción de combustibles fósiles guiada desde la política. Esto implica frenar la exploración y explotación de yacimientos de petróleo, carbón y gas. Pero como señala el grupo Oil Change International, no quiere decir entrar en pánico y tomar medidas repentinas que impliquen “detención súbita y dramática de la producción de combustibles fósiles, inmovilización de activos, daños a las economías y perjuicios a los trabajadores y a las comunidades que dependen del sector de la energía”.

En la construcción del nuevo sector de las energías renovables, debemos evitar una reproducción de los sistemas que impulsaron la desigualdad y asentaron una dinámica de poder perjudicial en el sector de los combustibles fósiles y otras industrias. Esto implica reemplazar el modelo de producción de energía basado en el mercado y centrado en los inversores con otro que trate la energía como un bien público, orquestando a la vez un cambio hacia modos de posesión y gestión social de los suministros de energía.

Este modelo, basado en la soberanía energética y la autodeterminación, alentaría una descarbonización más rápida (entre otras razones, al disminuir la capacidad de los intereses arraigados para resistirse al cambio). También facilitaría la reestructuración de los sistemas energéticos para ponerlos al servicio de las necesidades sociales y ecológicas.

Otra transformación sistémica que facilitaría grandes reducciones de las emisiones es la creación de una economía circular sin residuos, en la que todo lo que producimos y consumimos regrese en forma segura a la naturaleza o sea reciclado y reutilizado. Tomemos por ejemplo la industria textil, que en el 2015 generó emisiones de gases de efecto invernadero por un total de 1.200 millones de toneladas de equivalentes de CO2. Este nivel altísimo (que supera el total de emisión de los vuelos internacionales y el transporte marítimo) se debe a una cultura de “moda acelerada”, basada en la producción de vestidos extremadamente baratos con la expectativa de una renovación constante de los guardarropas. Solamente con reducir a la mitad la frecuencia de reemplazo de los vestidos, la emisión total de gases de efecto invernadero de la industria se derrumbaría un 44 %.

Una economía circular sin residuos para el sector textil incluiría no solo un uso más prolongado de los vestidos producidos, sino también mejoras en el reciclado y una resignificación de los materiales, para evitar procesos contaminantes de eliminación de desechos (por ejemplo, la incineración). La adopción de procesos de producción con menos derroche sería lo que más contribuiría.

También hay medidas importantes que tomar en relación con el uso de la tierra (que incluyen cambios en la agricultura y en los códigos de zonificación). Como ha demostrado el movimiento internacional La Vía Campesina, las emisiones del sistema industrial de alimentos (incluidas las procedentes de la producción, los fertilizantes, el transporte, el procesamiento, el empaquetado, la refrigeración y el desperdicio de alimentos, además de la deforestación asociada con la expansión de la agricultura industrial) equivalen a entre el 44 % y el 57 % del total mundial.

Según La Vía Campesina, un sistema de producción agroecológico campesino basado en la soberanía alimentaria, la agricultura de pequeña escala y la agroecología puede reducir a la mitad las emisiones de carbono derivadas de la agricultura en el lapso de unas pocas décadas. Es una estrategia comprobada: pequeños agricultores, campesinos, pescadores, comunidades indígenas, trabajadores rurales, mujeres y jóvenes ya alimentan al 70 % de la población mundial, usando solo el 25 % de los recursos agrícolas.

También hay que restaurar los ecosistemas naturales que han sido destruidos. Los bosques y las turberas, en particular, tienen capacidad para capturar varios cientos de gigatoneladas de CO2 atmosférico. Su restauración protegería no solo la biodiversidad, sino también a las poblaciones locales, incluidas las comunidades indígenas cuyos derechos sobre la tierra han sido objeto de violación sistemática. De hecho, conservar y expandir el área de tierras manejadas por pueblos indígenas y comunidades locales protegería inventarios de carbono equivalentes a más de 1.000 gigatoneladas de CO2.

Según un informe de la Climate, Land, Ambition and Rights Alliance, la adopción de modelos basados en los ecosistemas para el uso de la tierra y cambios agroecológicos en los sistemas de producción y consumo de alimentos (incluido un fortalecimiento de los derechos de propiedad locales) puede lograr en el 2050 una reducción de emisiones por valor de 13 gigatoneladas de equivalentes de CO2 al año y una captura de casi 10 gigatoneladas de equivalentes de CO2 al año. El resultado sería la eliminación acumulada de 448 gigatoneladas de CO2 en el 2100 (unas 10 veces el nivel actual de emisión global anual).

Evitar un aumento de temperaturas globales superior a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales es la mejor esperanza que tenemos de contener los efectos de una crisis climática nacida de injusticias históricas y de desigualdades arraigadas. El único modo de lograrlo es emprendiendo un cambio a un nuevo sistema socioeconómico. Esto implica abandonar la obsesión con el crecimiento del PIB (que contribuyó a la proliferación de pautas dispendiosas de producción y consumo, y generó desigualdad e injusticia económica y social) para adoptar en cambio un modelo basado en la idea de bien público que realmente ayude a mejorar la vida de la gente.

Demandar esa transformación no es “ingenuo” ni “políticamente inviable”. Es radicalmente realista. De hecho, es el único modo en que podemos conseguir justicia social y al mismo tiempo proteger el medioambiente de un devastador cambio climático.

Barbara Unmüßig es presidenta de la Fundación Heinrich Böll. © Project Syndicate 1995–2018