En el 2014, terminamos con 477 víctimas de homicidio y al 17 de diciembre de este año llevábamos ya 578 muertos. Esto significa que pasamos de 9,8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes a 11,7. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 10 muertos por cada 100.000 habitantes se considera una epidemia. Epidemia que, de no controlarse, seguiremos viendo masacres y más violencia.
Lo preocupante es que el Ministerio de Seguridad tiene previstos $458 millones para el 2018, con 1.000 plazas nuevas, además de las 1.500 ya creadas en el 2017. ¿Será esa la solución al combate de la violencia generada en gran parte por el narcotráfico?
Se anuncia la compra de un avión y dos embarcaciones como un plan de mejora en equipamiento. Entre el 2014 y el 2017, se invirtieron cerca de $93 millones en infraestructura, aparte de $50,9 millones en la Escuela de Policía y $7,8 millones en estaciones para guardacostas para el control de drogas. Todas estas inversiones y contrataciones no parecen estar dando resultados positivos. Posiblemente, debamos cambiar de estrategia, pues la violencia es multicausal.
De las muertes violentas, más del 70 % es atribuible a las luchas entre pandillas y al narcotráfico. Hoy, tenemos en Costa Rica la presencia de varios carteles. Hay que estar claros en que el narcotráfico no respeta fronteras, ni nuestro orden jurídico. La capacidad de “reestructurarse” permite evadir cualquier acción de inteligencia policial.
Costa Rica tiene una ubicación estratégica entre los consumidores y los productores de drogas. El narcotráfico ha crecido aceleradamente y, con ello, la violencia, los sobornos, los homicidios y las torturas. Ya no nos preocupa leer en los diarios sobre la ejecución de 3 o 4 personas en un día. De hecho, ya no se respetan territorios y cada día nos sentimos más amenazados.
Los costos en asistencia médica, productividad, investigación, prevención, administración de justicia y la seguridad dentro de las familias y empresas significan el 1,36 % del producto interno bruto (PIB).
El manejo de la logística para trasegar estupefacientes en Costa Rica se paga con drogas que se quedan en nuestro territorio, luego se colocan en el mercado interno y esto deriva en un alza del consumo interno. Marihuana, cocaína y el crack están más disponibles en el mercado costarricense.
Drogas ilícitas como la marihuana son sembradas en Costa Rica. Los cultivos están en regiones montañosas de difícil acceso. La calidad del producto es de muy bajo contenido de sustancias psicoactivas, por lo cual la demanda es más limitada. No obstante, crece el desarrollo de nuevas variedades con mayor grado de alcaloide.
En nuestro mercado, se importa más marihuana de alta calidad de Jamaica. Esto significa que ahora somos importadores y no solo un país de tránsito. En los últimos años, han aparecido siembras de marihuana hidropónica o cripy, cuyo precio y demanda es mayor porque produce efectos más duraderos en quienes la consumen .
Modus operandi. El narco ensaya nuevas modalidades ante la represión de nuestras autoridades. Utilizan pasajeros de vuelos comerciales con óvulos, el contrabando hormiga en paquetería postal, aeronaves de tamaño pequeño, transporte terrestre a través de tráileres, vehículos livianos, lanchas rápidas, barcos pesqueros artesanales y los semisumergibles difíciles de detectar. También utilizan los contenedores cargados de piña, banano y otras frutas enviados a Europa y Estados Unidos.
A pesar de existir arcos de rayos gamma para detectar drogas, armas y personas, no hemos podido ponerlos en operación.
Consumo interno. El consumo de cocaína se ha triplicado en los últimos 15 años. La marihuana ha desplazado el tabaco. Hay más decomisos, pero se mantiene un incremento en el consumo y, por tanto, más personas deben ser tratadas por la adicción. El uso de marihuana se inicia entre los 16 y 18 años. En cuanto al crack, también existe una tendencia creciente, que, aunque parece baja, es preocupante por sus consecuencias. La ingestión de alcohol también se incrementa y afecta al 28 % de la población, especialmente a jóvenes de 20 a 29 años, quienes comienzan a beber a los 13 años. El 30 % de los fallecimientos anuales en carretera se debe al alcohol.
Cabe destacar que entre adolescentes internados en el hospital psiquiátrico se estableció que el 75 % había consumido drogas. Está claro que existe un inquietante repunte en el uso de drogas ilícitas y lícitas que afectan la salud y la productividad y, por supuesto, repunta la violencia. Estimulantes y tranquilizantes, sin prescripción médica, van también en aumento.
Lavado. Es preocupante la cantidad de recursos logrados en forma ilícita, legalizados a través de giros internacionales, compra de empresas, casinos, tarjetas de crédito, bienes en arte, joyas, automóviles y servicios profesionales.
La legitimación de capitales es un fenómeno internacional difícil identificar, a pesar de las leyes establecidas que incorporaron un cuerpo normativo de control y represión con amplias potestades de la Sugeval, Supén, Sugef y Sugese. También se reguló la apertura de cuentas anónimas, se estableció la Unidad de Inteligencia Financiera, se estableció un listado de sujetos vinculados al terrorismo y se modificó la definición de delitos graves. Pero siempre, hay caminos fáciles para la evasión.
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Desafíos. No podemos quedarnos queditos ante el grave problema de inseguridad que estamos viviendo. Tenemos que desarticular las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas. No podemos seguir encarcelando extranjeros; deben ser enviados a sus países de origen.
Casi el 15 % de los presos en Costa Rica son extranjeros y hay más de 110 costarricenses detenidos fuera del país por narcotráfico. Más del 85 % de la población penal ha tenido contacto con sustancias psicoactivas. Hay más de 41 narcotraficantes mexicanos en las cárceles del país. El 75 % de las detenidas en el Buen Pastor están ligadas al narco.
Estamos perdiendo la batalla contra el narcotráfico, debemos encender las alarmas antes de que sea tarde. Esta será una tarea primordial del nuevo gobierno. No se trata de meter a todos en prisiones. Lo importante es mejorar las capacidades técnicas, desarrollar un programa educativo para sensibilizar a la población estudiantil de los riesgos de las drogas, ofrecer servicios de tratamiento, mejorar la educación, promover la salud y buscar cómo mejorar las condiciones socioeconómicas de las poblaciones más vulnerables.
Es un error creer que la solución es contratar más policías, más jueces y poner más oficiales en la calle. Nuestro esfuerzo debe estar en unidades más ágiles en el manejo tecnológico e inteligente para combatir las bandas. Este trabajo requiere mejorar la interinstitucionalidad.
Los barrios marginales necesitan una renovación urbana, fomentar los deportes y el arte. No podemos seguir castigando a los consumidores, debemos buscar las cabecillas antes de que se extienda más la red de distribución y consumo.
El autor es ingeniero.