Únicamente los actuales habitantes del planeta somos testigos de que los beneficios con los que cuentan las sociedades de bienestar son una rara excepción de la historia humana.
Hace apenas 150 años muchas de las ventajas relacionadas con la higiene, la facilidad de trasladarnos o el acceso al agua potable y la energía eran impensables para la alta aristocracia de las potencias mundiales.
Incluso hoy las disfrutamos en un país en vías de desarrollo como el nuestro. En otras palabras, para todas las edades de nuestra historia como especie la pobreza fue la norma natural de vida.
Los beneficios de la riqueza material es una rarísima excepción moderna. La prosperidad, o posesión de bienes y servicios, fue posible gracias a la consolidación de varios factores, pero esencialmente tres: la revolución de la técnica industrial en asocio con la libertad económica y el régimen de propiedad individual.
Por ello, cuando se pretende cerrar las sociedades y controlar el poder, la mejor estrategia es restringir la libertad económica y limitar la propiedad.
La forma de mantener férreamente sujetos a los pueblos es suprimiéndolas, pues así la oposición política, e incluso el derecho a la rebelión, se torna inviable. La historia es pródiga en ejemplos; una de las primeras grandes rebeliones esclavas, la del gladiador Espartaco, fue posible gracias a la excepción del peculio del esclavo, que era una pequeña prerrogativa que los esclavos tenían de acuerdo con el derecho romano, y que los gladiadores aplicaron sobre sus armas.
Salvo excepciones como esa, no por casualidad una de las características de la condición esclava a lo largo de los siglos fue la imposibilidad legal de poseer propiedad.
Podemos extraer ejemplos recientes, como el de los países de la antigua Unión Soviética o la Cuba de Castro que, conculcando el derecho a la libertad económica, lograron sujetar pueblos enteros por largas décadas.
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Salida fácil. Pero lo que deseo enfatizar es el siguiente argumento cardinal: donde se limita la libertad económica y el derecho a la propiedad, la prosperidad no es posible. Independientemente de que tales restricciones tengan como objetivo el control del poder o no.
La mayoría de los gobernantes, por ignorancia o prejuicio ideológico, creen que saber gobernar es imponer cada día más regulaciones. Lo hacen como consecuencia de una programación mental en la que cae el funcionario. A cualquier problema que se les presenta, como salida fácil, le imponen nuevos trámites, requisitos y condiciones.
Frente a este panorama, resulta preocupante la progresiva tendencia en Costa Rica, donde vemos que el tejido productivo y la capacidad emprendedora de los ciudadanos se encuentra cada vez más sujeta a regulaciones, a limitaciones y a un proceso progresivo de impuestos crecientes que, al fin y al cabo, es una vía indirecta para ir acotando el derecho a la propiedad.
En el documento de estudios económicos de la OCDE 2020 para Costa Rica, se acredita que «un factor crítico que obstaculiza la productividad de Costa Rica es el marco regulatorio oneroso que enfrentan las empresas locales».
Por otra parte, según una actualización reciente del indicador de regulación del mercado de productos de la OCDE, los mercados costarricenses están sujetos a regulaciones más estrictas que en los otros países miembros de la OCDE, al punto que referentes latinoamericanos como Chile, México y Colombia muestran un desempeño significativamente mejor que el nuestro.
En otra ilustración del problema, 11 años atrás, para octubre del 2010, ya el sexto congreso financiero nacional denunciaba esta tendencia, y afirmaba que el creciente exceso y dificultad de los trámites estaba causando el aumento significativo de los créditos informales y sin regulación.
Ni que decir de la corriente que nos coloca como una de las naciones con mayor carga pública e impositiva en el club de países ricos de la OCDE, pese a no serlo.
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Estrategias. Tenemos las alarmas hace rato encendidas y la mejor forma de salir de un problema es atender la experiencia histórica. De ahí la pregunta: ¿Cómo superó la administración Monge Álvarez la gran crisis económica y estructural? Aplicaron varias estrategias.
En política pública, pusieron en práctica una ofensiva de atracción de inversiones extranjeras, incentivo a las exportaciones y disminución de impuestos. Además, ordenaron al Banco Central capitalizar a los bancos públicos para ofrecer bajo interés, lo que produjo resultados como lo fue incentivar la actividad productiva, sobre todo agroexportadora.
Promovieron, a la vez, las exportaciones, diversificando y negociando acuerdos de comercio. En lugar de perseguirlas y gravarlas como hace hoy la clase política, estimularon los servicios a través de incentivos tributarios para la industria de alta tecnología y turismo.
Confiados en el crecimiento que tendrían, establecieron una estrategia de distribución de la riqueza, pero no con la actual política asistencialista de regalar las cosas, sino a partir del fortalecimiento de la productividad de la economía social solidaria. Para buscar salidas, ese es un gobierno que amerita mayor escrutinio.
El autor es abogado constitucionalista.