Desde las colonias española y portuguesa se articularon en América Latina sistemas de gobierno cuyas actividades económicas eran reguladas desde el poder político centralizado. En Madrid se definían los permisos para colonizar, se asignaban encomiendas sobre las poblaciones indígenas y se otorgaban permisos para explotar minas y controlar el comercio.
Los virreinatos y las capitanías generales eran simples ejecutores. Si bien después de la independencia fue reivindicado el derecho al libre comercio con el exterior, se mantuvieron las estructuras centralizadas y los monopolios locales.
La nueva élite criolla, aunque formalmente republicana y liberal, sostuvo, desde el poder, el control de las actividades económicas y legisló, o actúo de hecho para mantener sus privilegios. Esa forma de gobierno, conocida como patrimonialista, por tener como objetivo el enriquecimiento de los grupos ubicados en las redes de poder, ha predominado en nuestro continente asociado a un sistema de patrones y redes de clientelismo político.
En ese contexto, floreció un “capitalismo de amiguetes” cuyo principal mérito no ha sido su capacidad emprendedora, de innovación o su aporte a la riqueza nacional, sino su entronque con las relaciones de poder.
Es en este sistema de Estado, carente de una visión integradora de los esfuerzos públicos, se incuba la corrupción que se ha mantenido hasta nuestros días. Contrasta, por sus deficientes resultados económicos y sociales, con las formas avanzadas de gobierno republicano conectadas alrededor de una visión articuladora con sistemas de controles basados en pesos y contrapesos institucionales.
Globalización. Las formas de gobierno patrimonialistas y clientelistas que han logrado sobrevivir hasta nuestros tiempos se enfrentan a situaciones cada vez más adversas debido a la globalización. Por una parte, la revolución tecnológica exige inversiones en capital humano, principal palanca de desarrollo, además de investigación e infraestructura que las estructuras clientelistas e institucionales no brindan. Las inversiones en capital humano se ven, a los ojos de una élite clasista, como un desperdicio de recursos.
Por otra parte, ha surgido una nueva fuerza económica y política: el narcotráfico, cuyo poder económico no se origina, como en los 500 años anteriores de historia, al calor del Estado, sino enfrentado abiertamente a él.
Se trata de una fuerza de gran poder económico, capaz de crear sus propias redes a través de la corrupción y el clientelismo imperantes en las estructuras de poder formales a las cuales reta y absorbe progresivamente.
Uno tras otro los gobiernos locales y los Estados del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, reacios al cambio e inversión sociales, han ido sucumbiendo al embate del narcotráfico y se han convertido en Estados fallidos.
Aprovechando políticas que originalmente tenían como fin la descentralización, han penetrado los poderes locales y regionales, donde la cultura cívica es débil y no ha existido práctica democrática arraigada.
El avance imparable del narcotráfico se ha visto estimulado por un modelo económico excluyente que fomenta el crecimiento de la desigualdad y el deterioro del tejido social, y un clima de violencia. Sin educación y servicios de salud, seguridad y desarrollo urbanístico adecuados, la exclusión social adquiere dimensiones explosivas, como se ha visto, recientemente, en los éxodos de centroamericanos hacia los Estados Unidos.
Ni el narcotráfico ni las caravanas de migrantes pueden ser combatidos con medidas represivas; tienen causas estructurales que deben ser enfrentadas.
Marihuana. No podemos seguir combatiendo las drogas, como la marihuana, reprimiendo a los productores locales, mientras, en una cantidad cada vez mayor de estados en los Estados Unidos, ha sido legalizada y se invierte en grandes industrias para explotarla con fines “recreativos” y medicinales.
Sin inversiones educativas modernas accesibles a toda la población y capacitación organizacional cívica y empresarial, así como servicios técnicos y financieros orientados y estimulados por una política social inteligente, la exclusión y el resquebrajamiento de los tejidos sociales es inevitable.
Dichos cambios políticos estructurales no parecen estar en la agenda de los gobernantes regionales, ocupados más de los negocios y las ganancias de sus asociados que en el bienestar de sus poblaciones. El choque del “meteorito” político cobra grandes dimensiones en la historia de nuestros países. El panorama inmediato es de turbulencias y desplomes consecutivos.
¿Qué saldrá de este proceso: narcorrepúblicas o repúblicas ciudadanas? Depende de la visión y la decisión política de nuestros gobernantes, pero, sobre todo, de nuestro papel como ciudadanos. En lo inmediato, las turbulencias crecientes exigen amarrarse los cinturones, ubicarnos en el tiempo que estamos viviendo y promover soluciones que mitiguen y reviertan el impacto.
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El autor es sociólogo.