Jorge Woodbridge. 17 junio

En los primeros años del siglo veinte, el Estado lo constituían 39 entidades; 32 eran municipalidades. Con la Constitución de 1949 y la fundación de la Segunda República, se inicia una etapa de crecimiento en los ámbitos educativo, crediticio, seguros, protección social, agua y electricidad.

Para el control de gastos y transparencia se fundó la Contraloría General de la República (CGR) y para la defensa del voto democrático, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Para descentralizar el Estado, se fundaron las instituciones autónomas, con su propio patrimonio, juntas directivas, misión y personería. Autonomía modificada después al aprobarse la ley del 4/3 número 4646 de 1970 y la 5507 de 1974 que establecieron las presidencias ejecutivas. Con estas leyes, el Poder Ejecutivo ganó control sobre las instituciones “autónomas”, excepto en las municipalidades y universidades públicas.

Hemos descentralizado el Gobierno Central e instituciones en una serie de “pequeños reinados”, que al final gozan de toda independencia administrativa, económica y política

De 1970 a la fecha. Se inicia un acelerado entramado de instituciones con diferentes figuras legales y una gran creatividad. De 7 ministerios pasamos a 18, de 8 órganos adscritos a ministerios pasamos a 80, de una institución semiautónoma pasamos a 8, de 23 instituciones autónomas pasamos a 35, de 73 municipales y consejos de distrito pasamos a 89 y, adicionalmente, creamos 6 empresas públicas.

Hoy tenemos más de 335 instituciones sin una visión de conjunto y un programa estratégico coherente a largo plazo. Pocos políticos se cuestionaron la vida útil de tales entes de cara a nuestro futuro modelo de desarrollo.

Hoy existe duplicidad de funciones, burocracia y costos crecientes, ingobernabilidad, carencia de evaluación y alineamiento. Es grave que nunca nos hayamos cuestionado cuáles instituciones debían desaparecer y cuáles transformarse antes de crear nuevas. Lo único que hicimos fue cambiar de nombre a algunas y todo siguió igual.

La Fábrica Nacional de Licores podría darse en concesión o venderse, lo mismo el Consejo Nacional de Producción, que no juega ningún papel estratégico y tiene un déficit creciente.

Una gran pregunta es por qué no fusionamos las empresas del grupo ICE (CNFL, Racsa y Cable Visión) para bajar costos administrativos.

En el campo de la asistencia social, hemos creado varias instituciones que cumplen la misma misión, por lo cual parece lógico fusionar, por ejemplo, el IMAS, Fodesaf, el Patronato Nacional de la infancia, Fonabe, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia.

Con esta medida, lograríamos más eficiencia, una sola visión y reducir costos administrativos. En el campo de la planificación urbana integral se debe hacer un esfuerzo para centralizar políticas en conjunto con todos los municipios, de otra forma seguiremos en el actual caos vial y ambiental.

Órganos desconcentrados. Es impresionante cómo llegamos a 80 órganos desconcentrados adscritos a 18 ministerios y 13 órganos a instituciones autónomas. El Ministerio de Cultura. Juventud y Deportes (MCJD) tiene 15 órganos desconcentrados, el Ministerio de Salud 10, el Minae 9, el MAG 7, el MOPT 6, el MEP 5, el Ministerio de Hacienda 5, el Ministerio de Trabajo 4, el MEIC 3 y el Ministerio de la Presidencia 2.

Cada órgano tiene diferentes misiones, juntas directivas, costos, ingresos y estructura legal. En su funcionamiento administrativo, cada uno posee un departamento de presupuesto, de planificación, de dirección de recursos humanos, de auditoría, de cómputo, de proveeduría, de asesoría legal y otros más. Es decir, hemos descentralizado el Gobierno Central e instituciones en una serie de “pequeños reinados”, que al final gozan de toda independencia administrativa, económica y política.

La estructura paralela ha significado menor productividad, más trámites burocráticos, pérdida de gobernabilidad, costos y, ante todo, descontrol.

Sobre la capacidad del Poder Ejecutivo de ejecutar políticas, solo basta con analizar que sus juntas directivas están conformadas por diferentes grupos de cooperativas, asociaciones, sindicatos, universidades, cámaras, grupos de presión y decenas de otros actores sociales.

Al final, estos órganos desconcentrados tienen su propia personalidad jurídica institucional para efecto de manejar sus presupuestos y, muchas veces, en forma independiente de la autoridad política superior.

Cada órgano, paralelamente, tiene su propia sede, con duplicación de costos en recepción, salas de reuniones, comedores y, ante todo, comunicación y coordinación. Eso nos obliga a desarrollar una nueva organización más estructurada y buscar ahorros crecientes en alquileres y servicios para obtener más eficiencia.

Otras instituciones. Las instituciones autónomas nacieron con la Constitución Política de 1949, la cual les dio independencia administrativa y están sujetas a las leyes en materia de control y aprobación de presupuestos de la CGR. Dentro de este grupo están, como principales actores, el ICE, la CCSS, el INS, el AyA, el IMAS y los bancos estatales.

Otras figuras jurídicas son los entes públicos no estatales; juntos suman 49 y son de naturaleza profesional y corporativa. Algunos están sujetos total o parcialmente a un régimen público, dependiendo de sus competencias. Varios de ellos reciben donaciones de impuestos y están constituidos por sus propios agremiados.

Tal exuberancia institucional ha generado un desorden fenomenal en el manejo de los recursos públicos. El presupuesto nacional es aprobado por el Congreso y las otras instituciones están sujetas a la aprobación de gastos de la CGR. En cuanto a salarios, estamos en una multiplicidad de escenarios, con diferentes sindicatos, Servicio Civil y autoridades de cada institución. Lo preocupante es el caos y al final no existe en salarios una política integral que regule todo el Estado.

Nuestro país no puede permanecer igual. Debemos ordenarlo y hacer más eficiente el aparato estatal. Dada la actual crisis fiscal y estructural, no podemos posponer las soluciones. Debemos poner orden al gigantesco Estado compuesto por más de 335 instituciones.

Hasta hoy, no ha existido voluntad política para ordenarlo y, por ello, sostenerlo resulta costoso y poco eficiente.

El nuevo gobierno y el Congreso deben hacer su trabajo en este preocupante escenario.

Es tiempo de grandes cambios si queremos salir del desorden administrativo y de gobernanza que hemos creado.

El autor es ingeniero.