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Tríada de oportunidades

El Sicop, el abandono de la práctica de aprobar leyes sin financiamiento y los malsonantes permisos de contaminación deben considerarse

Costa Rica lleva más de una década lidiando con su déficit presupuestario. El anquilosamiento en ofrecer una solución a esta coyuntura levanta acusaciones de venalidad. Pero es que las propuestas habituales (una mayor carga impositiva, recortes directos al gasto o una amalgama de las dos) hacen que sectores ubicados en las antípodas del espectro político coincidan en un aspecto: su rechazo íntegro.

Para incrementar el ahorro público existen opciones diferentes, cuya difusión es exigua debido a que algunas son aparentemente inanes y otras son demasiado polémicas. Sin pretensión de exhaustividad, piensen en estas tres.

«Intrascendente en apariencia» es como puede calificarse al uso intensivo y generalizado del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop): la plataforma virtual de compra del Estado. Es epatante que una herramienta tan nimia a primera vista sea la solución políticamente viable más sólida para reducir el déficit fiscal.

Empero, lo cierto es que la Contraloría General de la República estimó en el 2019 que si toda contratación administrativa se efectuara a través del Sicop en un lustro se generarían ahorros del 6,4 % del producto interno bruto.

Los métodos de adquisición facilitados por este medio son los de subasta a la inversa (pujantes compiten para ser quien ofrece el menor costo) y convenio marco (se juntan las demandas de varias instituciones por productos estandarizados), de modo que se garantiza una cotización abaratada. Asimismo, la digitalización permite mayor transparencia y velocidad.

Fuente de financiamiento. Tan vistosa como la idea anterior es una limitación a la conducta parlamentaria: exigir que todo proyecto de ley —que implique una erogación adicional del fisco— especifique los fondos para su financiamiento.

Suena a una perogrullada normativa; no obstante, el Programa Estado de la Nación documenta que todavía entre el 2015 y el 2017 cerca de la mitad de las leyes con mandato garantista no especificaban la sostenibilidad de sus egresos.

Y lo que hace a esta medida poco atractiva es la posesión del mismo cariz de una de esas reglas fiscales que se irrespetan año tras año (verbigracia, la de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos o incluso la propia Constitución Política). Sin embargo, esta reforma va al origen del problema, pues obliga a mostrar la sostenibilidad de nuevos gastos antes de su sola postulación, en lugar de «imponer» restricciones cuando ya fueron aprobados.

Luego, en el terreno de las sugerencias polémicas están los permisos de contaminación. Tienen un nombre repelente, sin duda, y hacen pensar en aquel argumento de Sandel de acuerdo con el cual el comercio influye en la esencia moral del bien transado.

Mas la experiencia los señala como una garantía de ingresos hacendarios mientras se lucha contra el cambio climático. En una frase, consisten en la fijación, por parte del Estado, de un límite de polución en un sector; además, cada compañía en este debe contar con licencias comercializables por sus emisiones. Si bien el mecanismo de asignación puede ser la entrega gratuita, la tendencia mundial es hacia la subasta, sinónimo de recaudación sin más tributos.

Por citar un ejemplo, la Alianza Internacional para la Acción contra el Carbono informa que entre el 2012 y el 2019, mediante los derechos de contaminación, California recaudó $12.500 millones y redujo sus gases de efecto invernadero al nivel de 1990.

Resultados tangibles. Cada una de estas tres iniciativas posee la ventaja de haber fijado ya sus cimientos en forma directa o indirecta. Con respecto a la primera, a pesar de los costos de adquirir la interfaz, sustituir el método de compra anterior y capacitar empleados en el moderno, el Ministerio de Hacienda informó de que solo restan 19 entidades por ser unificadas al Sicop.

La segunda tiene la facilidad de ubicarse en la corriente legislativa por medio del expediente 22257, el cual pretende modificar el artículo 119 bis del reglamento del Congreso.

Y, en la tercera, el país ya tiene la exitosa prueba del mercado doméstico voluntario de carbono y ahora es capaz de convertir la publicidad informativa (condición sine qua non para un mercado de emisiones) que exige el Acuerdo de Escazú en una fuente de beneficio empresarial y no de discordia. En síntesis, sí hay paliativos para el déficit fiscal que no requieren impuestos ni recortes y que pueden tramitarse con celeridad.

Ahora bien, no hay mejora en el ahorro público que no se vuelva inútil una vez que la alcanza una subida del gasto. Esta tríada de oportunidades es solo lo que reza el párrafo anterior: un método paliativo o, en el mejor escenario, parte del tratamiento que implica reconsiderar un problema estructural. Y, nuevamente, no agota las posibilidades. Hay otras respuestas en la misma línea; es más, y según a quien se ausculte, las hay que implican una menor tasa impositiva (con amparo teórico de la curva de Laffer). Pero también las hay que, aun si implican un recorte directo al gasto, no dejan de ser beneficiosas.

marcomonge10@gmail.com

El autor es estudiante de Economía.