EscucharComo si no fuera suficiente para los niños y adolescentes recibir una educación de mediana a mala calidad a lo largo de los 11 años que les demanda completar la primaria y la secundaria en los centros de enseñanza públicos, el curso lectivo de este año fue cercenado por maestros y profesores cuyo fin es descarrilar la reforma fiscal y proteger sus privilegios.
El desconsuelo, sin embargo, puede ser mayor. Es posible que el casi millón de alumnos afectados ni siquiera obtengan justicia por el crimen cometido contra ellos. Sí, un crimen. Dejemos los eufemismos, como daños y perjuicios, para los diplomáticos.
Es un crimen por la pérdida de lecciones, por la mala preparación para los exámenes de bachillerato, por el no saber si pasaron el año y, cruelísimo, porque los comedores escolares están cerrados y a cientos de menores se les niega su única posibilidad de alimentación. El ministro, sin ninguna arma legal para defenderlos, implora a los padres buscar el informe de notas del primero y segundo semestre para al menos tener una calificación promedio.
La declaratoria de legalidad o ilegalidad de la huelga de sus maestros y profesores está en manos de los mismos jueces cuyo criterio es que la distribución de combustibles no es un servicio esencial y, por tanto, unánimemente proclamaron a derecho el paro de los empleados de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope). Ellos son Luis Eduardo Mesén García, Bettzabé Gutiérrez Murillo y Adriana Chacón Catalán.
Si el propio Poder Judicial se sumó a la huelga, no debe extrañar, entonces, el rechazo del Tribunal de Trabajo del II Circuito Judicial de San José a la solicitud de la Procuraduría General de la República de separar a Mesén, Gutiérrez y Chacón por “la existencia de circunstancias” que daban lugar a “dudas justificadas con respecto a su imparcialidad u objetividad”.
Si algo bueno puede salir de esta tragedia, es la lección para los estudiantes de que el autodidactismo debe ser incorporado a su vida cotidiana.
Ojalá la educación no sea para los jueces lo mismo que la gasolina porque en la práctica son dos combustibles: uno mueve la economía; el otro, transporta a personas por el camino de las oportunidades. ¡Cuántas guerras se han librado en nombre del petróleo y ninguna a favor de la educación!
Ahora bien, en el hipotético caso de que el reclamo de los maestros y profesores fuera considerado legítimo, los jueces no pueden pasar por alto la regla universal de que en toda circunstancia prima el interés superior de los niños, quienes, para efectos legales, son aquellos con edades entre los 0 y los 18 años.
Existen tratados, convenciones y acuerdos en buena cantidad para considerar de mayor trascendencia el derecho a la educación que el derecho a salarios inflados por pluses y otros componentes capaces de colocar a un maestro en un viaje por Kiribati.
Para citar solo algunos, el artículo primero de la Ley Fundamental de Educación establece que “todo habitante de la República tiene derecho a la educación y el Estado la obligación de procurar ofrecerla en la forma más amplia y adecuada”. Hasta donde se sabe, el Poder Judicial sigue siendo parte de la República de Costa Rica, aún no ha firmado el acta de independencia, solo la ha proclamado.
El artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña afirma que los Estados partes reconocen el derecho del niño a la educación, y el 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos declara que toda persona tiene derecho a la educación.
Pero en Costa Rica existe un doble discurso: uno para la imagen internacional (para la foto o el selfi) y otra para el consumo interno. La resolución de los jueces Mesén, Gutiérrez y Chacón nos dirá cuán importante es, en un país que se precia de ser educado, la educación, y no el viaje a Kiribati.
