Fernando Durán Ayanegui. 1 enero, 2017

Al igual que las peleas de gallos y las borracheras a caballo en los topes, las travesuras fiscales son una mala costumbre consagrada como tradición. Cuando aún éramos escolares, la expresión “compró todos los números de la rifa” era muy popular y se usaba, por ejemplo, en momentos en que los efectos de una zanganada infantil hacían del castigo algo inminente o, con más razón, cuando un adulto cosechaba una visita intempestiva de la policía. Echada casi al olvido durante largo tiempo, hace más o menos treinta años se volvió a poner de moda para aludir a la ejecución, sin consecuencias penales, de una travesura fiscal que consistía literalmente en “comprar todos los números de una rifa”.

Puede que la legislación y las regulaciones atinentes a la importación de vehículos motorizados haya cambiado desde entonces, pero en la época que recordamos era normal que una entidad creada con fines de beneficencia gestionara ante la Asamblea Legislativa la aprobación –casi siempre por vía de una “norma presupuestaria”– de una ley que la autorizaría a adquirir, con exención de impuestos, un automóvil destinado a ser rifado en beneficio de alguna buena obra. La rifa tenía que hacerse “en combinación con” –era la frase sacramental– un sorteo de la lotería oficial y, una vez realizado el sorteo, la entidad organizadora pagaba el precio del vehículo exonerado a un importador, para que este entregara el premio al “suertero”. La ganancia así obtenida se dedicaba a algún fin loable y, al parecer, nadie paraba mientes en que lo ocurrido equivalía a una transferencia directa de recursos tomados del erario.

En varias oportunidades, fue transparente el hecho de que aquella operación entrañaba giros rocambolescos, pues la venta de los números de la rifa no se realizaba, sino que todos eran adquiridos por una persona que, ¡miren que coincidencia!, era la misma que se había acercado a los diputados a pedirles la aprobación de la indispensable norma presupuestaria. Y no es que todo anduviera torcido. Es innegable que la entidad de beneficencia siempre sacaba una ventaja económica, pese a que el precio de los tiquetes de la rifa se establecía de modo que el dadivoso comprador del talonario completo terminara pagando una suma muy atractiva por el vehículo nuevo que de todas maneras pensaba adquirir.

En conclusión, el cabildeo realizado ante los legisladores era remunerado con una parte de la donación que hacía la hacienda pública, y todo quedaba reducido a una impune y simpática travesura.