Iván Molina Jiménez. 18 agosto

El aborto es una práctica tan antigua como la historia humana. Desde entonces, constituyó una forma de control reproductivo y de resistencia femenina, en el marco de sociedades organizadas predominantemente a partir de formas masculinas de poder.

Para los hombres de diversas condiciones sociales, el control sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres tenía sentido no solo en términos de afirmar el poder masculino, sino de controlar la reproducción.

Desde muy temprano, las distintas legislaciones y religiones –redactadas y administradas por hombres– avalaron las desigualdades e iniquidades basadas en el género, las cuales, entre finales del siglo XVIII e inicios del XIX, fueron incorporadas y naturalizadas por las primeras democracias modernas.

Al comparar los resultados de 1976 con los del año 2018, la proporción de mujeres que aprueban el aborto por razones de violencia sexual parece no haber variado significativamente,

Sin duda, dos factores claves en ese proceso fueron que en tal época los derechos humanos eran conceptuados desde perspectivas fundamentalmente masculinas, con lo femenino como una adición menor y subordinada; y que las mujeres no eran reconocidas como ciudadanas, con derecho a votar y a ser elegidas.

Bolcheviques. Antes del siglo XIX, las mujeres, mediante distintas formas de resistencia y lucha, lograron visibilizar y, a veces, atenuar la violencia ejercida en su contra, con algún impacto favorable a sus reclamos en lo judicial y administrativo.

Sin embargo, fue solo la expansión de la democracia moderna la que, por primera vez, abrió vías institucionales efectivas para que la reivindicación de los derechos femeninos pudiera materializarse en leyes que los tutelaran.

Durante este proceso, los primeros logros fueron alcanzados en el campo de los derechos civiles, en particular al ser conquistado el voto femenino; en contrapartida, a lo largo del siglo XIX las democracias occidentales tendieron a criminalizar el aborto.

La ruptura decisiva con ese modelo criminalizador ocurrió en 1920, cuando los bolcheviques, liderados por Lenin, legalizaron el aborto en la Unión Soviética. Aunque estuvo prohibido nuevamente entre 1936 y 1955, en este último año se volvió a legalizar, una reforma que originó, en las décadas de 1960 y 1970, una tendencia global favorable a su legalización en los países capitalistas desarrollados.

En la expansión de esa legalización, desempeñaron un papel decisivo la Guerra Fría, que dejó al descubierto que las mujeres del mundo libre carecían de un derecho que las soviéticas y otras ciudadanas de países socialistas sí tenían, y, por supuesto, los movimientos feministas occidentales.

Tras el colapso de la Unión Soviética y el final de la Guerra Fría en 1991, el fundamentalismo religioso y la extrema derecha se fortalecieron a escala global. En este nuevo escenario, han proliferado y se han fortalecido los movimientos y organizaciones que procuran volver a criminalizar el aborto o que mantenga tal condición.

América Latina. Con excepción de Cuba, que descriminalizó el aborto en 1965, América Latina ha carecido de condiciones favorables para su legalización: antes de 1990, los gobiernos autoritarios, que dominaron la política de la mayoría de los países latinoamericanos, solían estar aliados con la Iglesia católica.

Además, dada la persecución sistemática de los sectores de oposición, las fuerzas democráticas, que pudieron haber impulsado reformas social y culturalmente progresistas, fueron constantemente diezmadas.

De 1990 en adelante, el retorno de la democracia en algunos países y la constitución de movimientos feministas resultaron insuficientes para promover la legalización del aborto, dada la fuerte oposición no solo de la derecha política y de la Iglesia católica, sino ahora también de cultos y partidos evangélicos.

La experiencia de Uruguay, que legalizó el aborto en el año 2012 –durante la administración progresista de José Mujica–, parece difícil de emular por el resto de los países latinoamericanos, dado el balance prevaleciente de fuerzas políticas.

Costa Rica: 1976. En 1976, la entonces Dirección General de Estadística y Censos, como parte de la Encuesta Mundial de Fecundidad, recopiló datos sobre el aborto en Costa Rica a partir de una muestra compuesta por 3.037 mujeres “no solteras” de 20 a 49 años.

Al analizar esos datos, el investigador Luis Rosero Bixby encontró que casi la mitad de las encuestadas (49,2 %) aprobaba el aborto por alguna razón: principalmente para salvar la vida (35,5 %) o proteger la salud (23,9 %) de la madre, y para evitar que naciera un niño “defectuoso” (28,1 %).

En contraste, las mujeres aprobaron poco el aborto en caso de incesto (17 %), de violación (10,7 %), de dificultades económicas para mantener al nuevo hijo (4,2 %), de no desear al hijo por cualquier razón (3,2 %) y de estar soltera y no querer casarse el hombre (1,7 %).

Según Rosero, las mujeres urbanas y jóvenes aprobaban más el aborto que las rurales y las de mayor edad. Al respecto, indicó: “Las actitudes ante el aborto están cambiando en el país, ya sea porque las nuevas generaciones están adquiriendo opiniones diferentes sobre el tema o por efecto de la influencia que trae consigo la modernización y la mayor exposición a las nuevas ideas propias de las zonas más urbanizadas”.

Simultáneamente, Rosero advirtió: “El cambio que se observa tiene relación únicamente con una actitud menos prejuiciada en contra del aborto… De ningún modo se trata de actitudes más liberales que lo justifiquen por razones socioeconómicas”.

Costa Rica: 2018. El Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, a partir de una encuesta mediante teléfono celular efectuada en enero pasado a 1.013 personas mayores de edad, encontró que el 28 % de las mujeres y el 36 % de los hombres aprobaban el aborto en casos de violencia sexual. El respaldo mayor proviene de quienes tienen entre 18 y 34 años y cuentan con educación universitaria.

Al comparar los resultados de 1976 con los del año 2018, la proporción de mujeres que aprueban el aborto por razones de violencia sexual parece no haber variado significativamente, si en esta categoría se suman las que a mediados de la década de 1970 lo aprobaban por motivos de incesto y violación.

Puesto que hoy día el porcentaje de varones que aprueba el aborto en casos de violencia sexual supera ampliamente al de las mujeres, pareciera que el conservadurismo cultural femenino está más arraigado que el masculino.

De ser así, resultaría que las políticas públicas a favor de expandir y fortalecer los derechos femeninos, impulsadas desde la década de 1980, habrían tenido más éxito en sensibilizar a los hombres en asuntos de género que en lograr cambios similares en las mujeres.

Más inquietante aún, las leyes aprobadas para incorporar más mujeres a la política nacional, en vez de elevar a posiciones de poder a las comprometidas con cambios institucionales progresistas, estarían empoderando a las defensoras de desigualdades e iniquidades de género.

Legalización. Rosero, tras reconocer que en Costa Rica se practicaba el aborto clandestino, señaló –con base en información de las décadas de 1960 y 1970– que “nada parece indicar que se practique en forma generalizada la suspensión artificial del embarazo”.

En el 2007, Cristián Gómez Ramírez, con nuevos datos, calculó que en el país ocurrían unos 27.000 abortos inducidos al año y que había diferencias fundamentales en las condiciones en que eran practicados según el nivel socioeconómico de las mujeres y su área de residencia (urbana o rural).

Desde entonces, y pese a la importancia del tema, no se han publicado nuevos estudios al respecto, por lo cual se desconoce si el número anual de abortos inducidos ha aumentado o ha disminuido; pero todo indica que abortar es posible para quienes pueden pagar por el procedimiento: alrededor de ¢1 millón en una clínica clandestina, según un reportaje de La Nación (30/9/2012).

Si para el año 2021, cuando se conmemore el bicentenario de la independencia Costa Rica no ha legalizado el aborto, las mujeres costarricenses –en particular las más pobres– llegarán a esa celebración como ciudadanas que, para poder ser soberanas de sus propios cuerpos, tienen que jugarse la libertad y la vida.

El autor es historiador.