Eli Feinzaig. 27 diciembre, 2018

Los administradores del régimen de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, conocido por sus siglas como IVM (Invalidez, Vejez y Muerte), tienen la mala costumbre de dar malas noticias a fin de año. Esperan, supongo, que entre los tamales, el rompope y las posadas, los costarricenses no nos demos cuenta de lo que está pasando. A esta actitud podríamos llamarla transparencia para las apariencias: rendir cuentas cuando nadie está atento. En todo caso, este cristiano, que por no serlo no estaba inmerso en las celebraciones, sí estaba prestando atención.

La más reciente nueva es que cada vez alcanza para menos el dinero de las pensiones. No me refiero a que su pensión está perdiendo poder adquisitivo por el incremento en el costo de vida, sino a algo aún más grave porque apunta a la insostenibilidad del régimen básico de pensiones de Costa Rica: para el 2019, los aportes obreros, patronales y estatales al IVM alcanzarán para cubrir apenas tres cuartas partes de las erogaciones del sistema. El otro 25 % provendrá de los intereses generados por la reserva acumulada a lo largo de las siete décadas de existencia del IVM.

¿Después qué? ¿Bajamos la pensión al 25 %? ¿Subimos la edad de retiro a 80 años? ¿Aumentamos la cotización a 50 % del salario?

Para que usted se dé una idea de la gravedad del asunto, considere que en el 2011 los aportes tripartitos cubrieron prácticamente la totalidad (96 %) de las erogaciones del régimen. Antes de ese año, los ingresos cubrían los gastos e incluso sobraba algo de dinero, que servía para alimentar la reserva mencionada.

Si bien la administración del IVM ha sido bastante ineficiente —un estudio actuarial elaborado en el 2016 por expertos de la Universidad de Costa Rica detectó que los costos administrativos del IVM habían crecido un 23 % en tan solo un año—, el problema de fondo del régimen de pensiones es mucho más complejo. Hacer más eficiente su administración ahorrará algún dinero, pero no salvará al IVM de la insolvencia mientras no se modifique su estructura de manera radical. Lo explicaré con un ejemplo.

Don Petronilo tuvo 12 hijos, de los cuales 10 llegaron a la edad adulta y le dieron 50 nietos. Si estos hubiesen querido mantener a don Petro en su senectud, bastaba con que cada uno aportara el 2 % de sus ingresos para asegurarle un ingreso equivalente al del promedio de sus nietos. Si los nietos además hubiesen querido dar el mismo trato a su abuela y a sus otros abuelitos, cada uno hubiese sacrificado el 8 % de sus ingresos (2 % para cada abuelo). Aun así, le hubiese quedado a cada nieto un disponible de ¢92 por cada ¢100 ganados. Nada mal.

Don Roberto, uno de los 50 nietos de don Petronilo, tuvo 3 hijos: la doctora, el ingeniero y el bohemio “que nunca sentó cabeza”. Don Roberto tiene dos nietos. Si ellos quisieran dar a su abuelo una ayuda equivalente al promedio de sus ingresos, cada uno tendría que sacrificar el 50 % de sus ganancias. Si además deben la casa, el carro, el smartphone y la pantalla plana, y el total de sus cuotas equivale al 40 % de sus ingresos, cada uno quedaría con apenas ¢10 de cada ¢100 de ingresos para hacer frente al resto de sus gastos (comida, educación, salud, entretenimiento, etc.). La situación es claramente insostenible.

Los nietos deciden que don Roberto podrá vivir, dignamente, pero sin lujos, con el 60 % del promedio de sus ingresos, por lo cual cada uno aportará el 30 % de su salario al abuelo. El problema ahora es qué hacer con los otros tres abuelos.

La imposibilidad matemática es evidente: nadie puede dar más de lo que tiene, y cuatro veces 30 % supera con creces el total. La imposibilidad material es apabullante.

Ahora pensemos cómo hará Petra, la doctora, que solo tuvo un hijo y con suerte tendrá un nieto, para sobrevivir la vejez en ausencia de una pensión. No hay mucho que decir.

Menos cotizantes. Lo que pasa en el régimen de pensiones es similar. En 1970, el IVM tenía 32 trabajadores activos por cada pensionado. En 1980, la relación era de 20 a 1. Para el 2015, quedaban apenas 7 trabajadores activos por cada pensionado y se proyecta que en 9 años habrá menos de 4 cotizantes por jubilado.

El diseño piramidal del IVM depende de que los trabajadores activos hagan aportes suficientes para mantener a los jubilados existentes. Dado que las personas viven cada vez más (por lo que disfrutan de su pensión por un tiempo mayor), ello requiere que haya cada día más trabajadores activos, o que sus aportes sigan creciendo sin límite. Sin embargo, la realidad demográfica nos dice que cada generación tiene menos hijos que la anterior, lo cual se traducirá en que cada generación aportará, eventualmente, menos trabajadores a la fuerza laboral que la anterior.

Esa es la fuente de la insostenibilidad del IVM o, lo que es lo mismo, el motivo por el cual los aportes al IVM ya no alcanzan y el régimen se está comiendo los intereses de la reserva. El estudio actuarial de la UCR proyectó, en su escenario intermedio —no el más optimista, pero tampoco el más pesimista— que a partir del 2024 los intereses no alcanzarán y habrá que empezar a usar el fondo acumulado, y que para el 2030 dicha reserva se agotará. Estamos a la vuelta de la esquina.

Esta realidad también explica por qué los actuarios de la Escuela de Matemáticas de la UCR, las autoridades del IVM y los miembros de la mesa de diálogo sobre pensiones que creó la Caja en el 2017 han propuesto aumentar el porcentaje de cotización sobre el salario del trabajador (para incrementar los ingresos del régimen), reducir el monto de la pensión (para disminuir el gasto) y aumentar la edad de retiro (lo cual acrecienta los ingresos al obligar a la gente a trabajar más años, a la vez que reduce los gastos al disminuir la cantidad de tiempo que disfrutarán de su pensión).

El problema, como vimos con Petra, la bisnieta de don Petronilo, es que conforme aumenta la cantidad de pensionados y disminuye el número de trabajadores, no hay combinación posible de cotización, monto de la pensión y edad de retiro que a la vez sea tolerable para los trabajadores, garantice una vejez digna a los pensionados y haga al régimen sostenible.

En parte por lo anterior, el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez impulsó la creación de un régimen de pensiones complementarias como parte de la Ley de Protección al Trabajador (LPT) del año 2000. La idea era crear una pensión que, como su nombre lo indica, viniera a complementar la básica del IVM, que ya desde entonces se sabía no iba a poder mantener el nivel de beneficios prometidos a los trabajadores.

Complemento. La LPT rompió con la lógica tradicional de reparto —usar los ingresos corrientes para pagar las pensiones vigentes— y creó un pilar complementario de capitalización individual. En español sencillo, las pensiones complementarias se fondean con los aportes tripartitos (empleado, patrono y Estado) que entran a una cuenta individual del trabajador. La pensión complementaria depende, entonces, de los aportes que haga (y reciba) el trabajador en su propia cuenta, y no de la cantidad de afiliados al régimen en un momento dado. Se calculaba, en aquel entonces, que la pensión básica otorgaría un 60 % del ingreso promedio del trabajador y la complementaria un 15 % adicional, redondeando un aceptable 75 %.

Hoy, sin embargo, las propuestas giran en torno a aumentar las cotizaciones y reducir paulatinamente las pensiones básicas hasta el 40 % del salario de referencia, de manera que aun con pensión complementaria el jubilado recibiría apenas el 55 %. Por ser la referencia el promedio de los últimos 240 salarios mensuales reportados, dicha cifra es bastante inferior al último salario efectivo recibido por el trabajador antes de pensionarse.

La disminución en calidad de vida sería muy marcada —adiós dignidad—, con el agravante de que esto apenas garantizaría la sostenibilidad del IVM por unas pocas décadas. ¿Después qué? ¿Bajamos la pensión al 25 %? ¿Subimos la edad de retiro a 80 años? ¿Aumentamos la cotización a 50 % del salario? Este camino no es sostenible.

En retrospectiva —reconociendo que es más fácil ser entrenador el lunes por la mañana que el domingo durante el partido—, la reforma del 2000 debió convertir al IVM en un régimen de capitalización individual, en vez de haberlo dejado como esquema de reparto, y crear un régimen paralelo de cuentas individuales. Régimen, por cierto, tan exitoso que se ha convertido en un botín codiciado por algunos políticos —con la connivencia de los reguladores— para resolver en parte la crisis fiscal del país, como he denunciado en dos artículos recientes. Pero ese es duende de otro cuento.

El autor es economista.