Thelmo Vargas. 13 marzo

Quienes tengan que ver con la aprobación de la reforma fiscal, urgentemente requerida por el país, deben entender que se trata de un concepto amplio, que incluye impuestos, gasto público y calidad de unos y otros. Las que solo se refieren a impuestos se denominan reformas tributarias. Como en Costa Rica el deterioro de las finanzas públicas se debe al crecimiento elevado del gasto, y no a la baja en la carga impositiva, la reforma fiscal debe centrarse en lo primero: en su monto, eficiencia, incidencia y en su propensión a crecer.

Personas conocedoras de la materia opinan que el esfuerzo para bajar el déficit del Gobierno Central debe ser al menos ¢2 de reducción sostenida de gastos corrientes (de consumo) por ¢1 de aumento de impuestos. Otras se resisten a considerar siquiera una mínima dosis de lo segundo y solo aceptan más endeudamiento si es para financiar inversión pública de alta rentabilidad social esperada.

Hay que adoptar medidas con “diente”

Como se trata de llenar un faltante dinerario (el hueco o déficit previsto para este año es cercano al 7 % del producto interno bruto, y un 1 % del PIB equivale a unos ¢350.000 millones) todas las propuestas de reforma que se consideren deben tener un efecto cuantitativo importante.

Ni el reducir a la mitad el número de tazas de café que diariamente consumen en el Comex, ni cambios en esquemas de pensiones que comiencen a operar en 25 años harían mella en el déficit fiscal, como sí lo hace el control del nivel de empleo público actual y del futuro cercano, de los salarios, de los pluses, del monto superior de las pensiones con cargo al presupuesto nacional y del FEES.

Claro que aquí hay que estar dispuestos a enfrentar una realidad: los sindicatos del sector público y otros grupos de presión altisonantes probablemente organicen marchas y huelgas contra medidas del segundo tipo, que para reclamar por la tacita menos de café que recibirá la gente del Comex.

Medidas de calidad. Las medidas que se adopten han de ser de alta calidad. No deben impedir que el Estado cumpla sus funciones claves (educación y salud básicas, seguridad ciudadana, etc.) y tampoco desfavorecer a los miembros más necesitados de la sociedad. También han de ser simples y eficaces, es decir, que no aparejen costos administrativos que consuman una cantidad innecesariamente alta de recursos presupuestarios.

Un impuesto al valor agregado (IVA) que tenga muchas exclusiones, o exija devolver a ciertos grupos sociales lo pagado por ellos, mina la base impositiva y agrega costos administrativos innecesarios.

También tiene que ver con la calidad de las medidas el que las propuestas tributarias no atenten contra el crecimiento económico del país, porque, de constituir una carlanca para el sector productivo, muy probablemente veamos crecer el desempleo, la desigualdad, la pobreza y hasta caer la propia recaudación tributaria. Una mala decisión en este sentido elevaría el endeudamiento público, que al consistir en la relación deuda/PIB sufriría si el denominador se achicara.

En materia de impuestos, debe acatarse la reconocida regla de que las tasas o alícuotas han de guardar una relación inversa con la elasticidad que ante ellas muestren las respectivas actividades, pues eso contribuye a optimizar la recaudación y a reducir la elusión.

Unas actividades son más chúcaras que otras. Impuestos sobre la renta muy elevados desestimulan la inversión, reducen la actividad empresarial y aumentan la informalidad. Impuestos a las empresas bajo régimen de zona franca podrían espantarlas si en otros países similares a Costa Rica en condiciones básicas (calidad del recurso humano, salarios, infraestructura, trámites burocráticos, etc.) no se enfrentan a esas cargas.

El IVA. Un impuesto al valor agregado (IVA) de amplia base y con pocas exoneraciones promete buena recaudación y no tiene la misma elasticidad que uno sobre la renta empresarial. Además, haría que más gente se percate del costo del Estado, lo que lleva a exigir más de los servidores públicos. Pero como un IVA podría afectar el poder de compra de las familias pobres en mayor proporción que el de las más pudientes, procede que el Estado mejore la focalización del gasto público social, a fin de que este llegue mayormente a quienes más lo necesitan.

No cumplen con este objetivo las remuneraciones altas para ocupantes de cargos en el sector público, ni las pensiones de lujo con cargo al presupuesto nacional, ni los subsidios que oculta el FEES, ni el “gasto social” que solo beneficia a quienes lo administran. La reforma fiscal que Costa Rica necesita exige revisar también estos temas y no solo concentrarse en elevar la carga impositiva.

Para analizar con propiedad las opciones disponibles, y decidir sobre ellas, se necesita un equipo de gobierno (Poder Ejecutivo y Poder Legislativo) conformado por gente capacitada, analítica, bien intencionada y valiente, que considere que sus cargos son para servir a la ciudadanía, no para usufructuarlos a costa del interés público, que no es otro que la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados.

Como una vez que se aprueban los impuestos son eternos, mientras que los intentos por controlar el gasto podrían ser efímeros, la reforma fiscal como primera cosa requiere asegurar que el gasto público se controle de una manera sostenible.

La adopción de una “regla fiscal” que lleve a esto es un paso en la dirección correcta, pero podría no ser suficiente, pues ya nuestra Constitución Política (en su Título XIII) y la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (art. 6) prohíben financiar con deuda gasto de consumo del gobierno. El problema es de cumplimiento. La Asamblea Legislativa año tras año aprueba presupuestos desbalanceados y nada pasa. Hay que adoptar medidas con “diente”.

Dice un refrán que, al actuar, los políticos tienen en mente las próximas elecciones, mientras que los estadistas piensan en las próximas generaciones.

La solución del gran problema que representa el déficit fiscal para la sociedad costarricense requiere actuar como estadistas.

El autor es economista.