Otra paralización de la economía debido al crecimiento exponencial de la población infectada por la covid-19 obliga a buscar una manera de traer más vacunas mediante una alianza con el sector privado para acelerar la inoculación.
Los costos crecientes en vidas humanas y económicos abonan la incertidumbre sobre el futuro. El país debe disponer de un software simple para montar una base de datos única, que esté en manos del Ministerio de Salud para eliminar las hojas de Excel, tan poco fiables, como ya lo señaló la Contraloría General de la República.
Hay que aplanar la curva de contagios si queremos reactivar una economía que apenas se recupera de la crisis del 2020. Las infecciones alcanzan 254 personas por millón y solo el 7 % de la población está vacunada. El 1 % de los habitantes del país está contagiado y hay que actuar.
Desempleo. del 2016 al 2019, la economía cayó de un 4,4 % a un 2,2 %, lo que se tradujo en un desempleo del 11,9 % y la reducción de la inversión y el consumo.
En el 2020, la economía decreció un 4,5 % para terminar con un desempleo ampliado del 18,7 %, que equivale a 450.000 personas y un subempleo de 350.000, para un total de 800.000 costarricenses que tienen menos recursos, sobre todo mujeres y dramáticamente jóvenes que no terminaron la educación secundaria (un 57 % de los estudiantes).
Por región geográfica, la central es la más perjudicada, con 540.000 empleos afectados. A esta grave situación social, debe agregarse los 920.000 trabajadores informales, quienes no tienen ninguna protección social y no van a tener una pensión al final de su vida laboral.
Invertimos el 7,6 % del PIB en educación sin fijar responsabilidades y productividad. Esta cifra significa prácticamente el doble de lo que invierten los países de la OCDE, pero con resultados muy pobres en las pruebas PISA, en el caso de Costa Rica, que viene en descenso desde el 2009 y cuyo sistema educativo universitario público solo gradúa en el 15 % de las carreras más demandadas, que son matemáticas, ciencias, tecnología y ingeniería.
Sector fiscal. Estamos este año con un presupuesto de gastos de $19.100 millones, con un déficit proyectado de $10.500 millones. La deuda del Gobierno Central pasó del 28,4 % en el 2010 a un 72,4 % del PIB proyectado en el 2021.
El servicio de la deuda en el 2021 es de un 5,3 %, que equivale a $3.140 millones, con un interés anual del 5,3 % en promedio. El financiamiento doméstico en la última colocación en dólares tuvo un costo del 5,8 %, a cinco años, que contrasta con el 2,05 % a 10 años con el FMI, un 2,8 % a 20 años con el BCIE y un 2,21 % BIRF a 30 años.
Los intereses de la deuda interna en colones, en promedio, ascienden al 7 % anual contra una inflación promedio de un 2 %. El Gobierno Central proyecta terminar este año con un déficit financiero del 7,8 % y un déficit primario de un 1,7 %, si logramos enderezar la economía y la pandemia.
Sector monetario. La alta tasa de intereses ofrecida por el gobierno ha fomentado que la mayoría de los bancos redujeran el crédito al sector productivo y comercial, debido a los riesgos del mercado, y la inversión en bonos del Gobierno.
La banca estatal tiene inversiones por $1.500 millones en esos bonos y la privada $706 millones. Muchos inversionistas también están comprando.
La crisis incrementó la morosidad judicial y ha exigido readecuaciones en prácticamente todas las actividades económicas del sistema financiero.
El mercado resulta muy afectado por la contracción de la demanda y la desconfianza en las medidas que va a tomar el gobierno para reactivar la economía.
Una gran pregunta que se hacen los empresarios es cómo y cuándo se aprobará el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). De su cumplimiento dependerá nuestra economía y estabilidad.
Lo grueso del convenio con el FMI no son los $1.778 millones, sino el sello de confianza ante la comunidad financiera de que Costa Rica estará dispuesta a ordenar sus finanzas públicas y a hacer los cambios estructurales necesarios para estabilizar la economía.
Sector social. Los gastos sociales, como la educación, la salud y la protección social, representan el 11 % del PIB y el 42 % del presupuesto; sin embargo, en el caso de la educación, que significa el 24,5 % de los gastos, los resultados son frustrantes.
A pesar de esa gran asignación de recursos, tenemos índices de pobreza y una desigualdad que dan tristeza. Algo estamos haciendo mal porque, no obstante la elevada inversión, los resultados son paupérrimos.
En salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es nuestro mayor baluarte. Tiene la potestad de definir su estructura organizativa, remuneraciones, gastos e inversiones.
Del 2018 al 2020, la cuota del Estado subió dramáticamente para hacer frente a la pandemia, gracias al apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y otros organismos internacionales. No obstante, los hospitales están colapsados a causa del incremento de casos de covid-19 y la lenta vacunación.
Serios cuestionamientos sobre eficiencia y transparencia pesan sobre la CCSS, a consecuencia de la falta de previsión y fallas en las compras de mascarillas y otros insumos.
En el 2020, la CCSS dejó de realizar 60.000 cirugías, el tiempo de espera aumentó a 495 días y no se atendió el 21 % de las consultas externas.
Esta pandemia colapsó todo nuestro sistema hospitalario. Con alto desempleo e informalidad, los problemas financieros de la CCSS crecieron aceleradamente, lo que requerirá medidas drásticas de ajuste para darle sostenibilidad.
El IVM también demanda cambios urgentes, como eliminar el retiro anticipado, aumentar la edad de jubilación a 65 años, variar la referencia de salarios y darle sostenibilidad, pues existe un enorme faltante de cotizantes y, por ende, una reducción de ingresos.
Otros riesgos. Asimismo empresas públicas no financieras ligadas a deudas contraídas por municipalidades, instituciones y órganos descentralizados y empresas corren riesgos.
Entre el 2010 y el 2018, pasaron del 5,7 % al 8,8 % del PIB deudas que prácticamente son una amenaza para unas finanzas públicas tan vulnerables. El Congreso debe imponer mayor control al endeudamiento de todo el sector público, antes de que se vuelva un problema inmanejable. La situación financiera del ICE es compleja, pues solo en el 2020 reportó pérdidas por ¢110.000 millones.
Otros riesgos son las asociaciones público-privadas, ligadas a una economía en crecimiento, y que también el gobierno tendrá que cumplir ciertas obligaciones si se produjera una caída de la demanda, como la experimentada por los aeropuertos.
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El autor es ingeniero.