Si la reforma fiscal naufragara en el Poder Judicial, nadie debería extrañarse. Este país, durante décadas, alimentó una burocracia indolente, genuinamente convencida de que la finalidad última de las instituciones que tenían a su cargo era, no el servicio público para el que cada una había sido creada, sino las condiciones laborales de quienes allí trabajaban.
Por eso, en distintas encrucijadas, la variable número uno sobre si cerrar, vender o concesionar un servicio, nunca fue la calidad del servicio, sino la estabilidad laboral de sus empleados.
Esta perversión respecto de los fines y sentido de existencia del Estado es hoy una ideología dominante en las mentes de la generalidad (generalidad que, desde luego, presupone excepciones), del funcionariado público, apreciable en sus acciones y discursos (baste comparar la cantidad de huelgas que ha habido en Costa Rica contra el deterioro en la calidad de los servicios públicos con la cantidad que ha habido por las condiciones laborales de sus empleados).
Pues bien, el Poder Judicial constituye el brazo políticamente más musculoso de esa burocracia, invencible, en buena medida, gracias a la debilidad de una clase política entusiastamente debilitada por una de las ideologías dominantes en el país: la antipolítica.
La cristalización suprema de ese proceso, de hecho, son los intentos de quitarle a la Asamblea Legislativa el poder de elegir y reelegir a los jerarcas del Poder Judicial (con el timo de sacar la política de la Corte, como si la política, oh tontería, fuera una especie de virus confinado en el cuerpo de los partidos políticos y solo allí existiera).
El horizonte, claro, es que el Poder Judicial sea, ya ahora sí completamente, de sus empleados, aunque ello implique perder control democrático, esto es, del demos, sobre él. En fin, que nuestra burocracia amenaza con convertirse en un Saturno devorando a sus hijos invertido, porque aquí sería la criatura burocrática la que, olvidando que es un medio y erigiéndose en un fin en sí misma, fagocite a la sociedad que la creó. Esta es la encrucijada en la que estamos.
Atentamente, un empleado público.
El autor es abogado.
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