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Foto Adrián Soto. (ADRIAN SOTO)
Hemos visto que en nuestro país asuntos de suma trascendencia toman años para convertirse en leyes. Cuando se aprueban, lo celebramos con bombos y platillos para desilusionarnos, poco después, porque en la ejecución somos presa de todo tipo de obstáculos.
El ejemplo más reciente es el uso de mecanismos electrónicos de seguimiento, popularmente conocidos como tobilleras.
Luego de un largo proceso en la corriente legislativa y pese a todas las ventajas que la incorporación del uso de dispositivos de este tipo planteaba, la aprobación de la Ley 9271 no fue promulgada hasta setiembre del 2014.
En aquel momento festejamos el contar con un sistema alternativo a la prisión, una herramienta para la reducción del inhumano hacinamiento carcelario que viola el respeto de los derechos humanos y es, a la vez, una opción que reduce los gastos del erario.
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En una nota periodística de entonces, se informó de que las tobilleras costarían $15 diarios, muy por debajo de los $48 al día que significan mantener una persona detenida en un centro penitenciario.
Seis años después estamos a las puertas de que el servicio de monitoreo se suspenda indefinidamente, el 28 de febrero, cuando venza el contrato con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, producto de varios males nacionales: señalamiento de supuestos vicios y nulidades, aparente falta de transparencia durante la contratación, problemas de calidad en el servicio brindado y ausencia de previsión de la administración antes del vencimiento del acuerdo.
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Será en los tribunales de justicia donde se determine si hubo violaciones legales y nulidades, pero en lo demás corresponde a la ciudadanía el llamado a cuentas por falta de previsión de los responsables del Ministerio de Justicia, quienes con su actuación exponen al país y al erario a que más de 1.800 personas vuelvan a las hacinadas cárceles o queden en libertad con escasa o nula posibilidad de supervisión por parte de las autoridades.
La Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa llamó a cuentas a la ministra del ramo, sin resultados tangibles en soluciones concretas e inmediatas, pues una nueva licitación tardará meses en ser adjudicada. Mientras tanto, ¿qué pasará?
La autora es politóloga.
