Nuria Marín Raventós. 4 agosto

En momentos cuando se discute la reducción del gasto público y la más eficiente asignación de recursos debido al grave déficit fiscal y gracias a la conciencia de reformar el sistema de empleo público, quisiera traer a discusión otro problema para las arcas públicas: la mala planificación estatal y la impunidad de quienes toman erradas decisiones.

Un ejemplo es la clausura de cuatro planteles de asfalto propiedad del MOPT por problemas de productividad, calidad que no cumple la norma técnica y costos por encima del mercado. Fue acertado el ministro al ordenar el cierre.

Lo más triste, quizás, es que, por culpa del régimen de empleo, los personeros del Ministerio manifiestan que ahora analizarán qué hacer con el personal que laboraba en esta actividad

La ineficiencia es tal que según el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) el costo por tonelada es ¢12.000 más caro que el promedio de la oferta nacional, contemplando únicamente los costos directos. ¿Cómo pretender vender en esas condiciones?

¿Cómo llegamos a una situación en la cual el MOPT desembolsa la suma de ¢3.295 millones en maquinaria y poco tiempo después debe cerrar los planteles por los problemas señalados?

Todavía más grave: dos de los cuatro planteles no estaban en operación. En el caso del de Cañas, la maquinaria que costó ¢716 millones se encuentra sin estrenar varios años después porque no se previeron los costos de instalación equivalentes a ¢870 millones.

En los que sí operan, el uso de la capacidad instalada es menor al 7 %; el de Santo Domingo está al 4,5 % y el de Siquirres, al 6,3 %. Se argumenta de manera falaz que la razón es la Ley Especial de Transferencia de Competencias del 2015, que dio libertad a los municipios de decidir a quién comprar el asfalto.

Si los planteles fueran eficientes y productivos, con costos y precios competitivos, las municipalidades les comprarían y con ello abaratarían la construcción y reparación de la infraestructura vial, la cual, dicho sea de paso, cuenta con un rezago de varias décadas.

Lo más triste, quizás, es que, por culpa del régimen de empleo, los personeros del Ministerio manifiestan que ahora analizarán qué hacer con el personal que laboraba en esta actividad. Veremos cuánto tomará el proceso para que puedan prescindir de ellos o trasladarlos a otras dependencias donde tengan funciones necesarias para el Estado. Una razón más para modificar las reglas del empleo público porque esto lo pagamos todos los costarricenses.

La autora es politóloga.