La tecnología nos sigue dando sorpresas. Esta semana aprendí sobre la obsolescencia programada. Consiste en “la determinación o programación del fin de la vida útil de un producto de modo que este se torne obsoleto, inútil o inservible”, así aumenta el consumo.
Aprendí el concepto gracias a la baja del rendimiento de mi teléfono móvil. Lo atribuí al ajetreo y uso más allá de lo ordinario de mi celular, pero leyendo varias notas tanto de Bloomberg como del Financial Times pareciera que puedo haber sido víctima de este complejo vocablo: obsolescencia programada.
Ambos medios anuncian que en Estados Unidos se ha iniciado una investigación pues parece que una de las actualizaciones recientes de software trae como consecuencia la ralentización (disminución de velocidad) y acortamiento de la vida de las baterías.
La aceptación pública de la empresa de que existe dicha situación, más la oferta de descuento en las baterías, no ha detenido las investigaciones aunque no hay confirmación oficial del Departamento de Justicia ni de la SEC (Securities and Exchange Comission). Existen también investigaciones en Israel y Francia.
Este último país resulta especialmente relevante para llegar a un proceso judicial, pues gracias a la aprobación de una ley en el 2015, conocida como la “Ley Hamon” por el apellido de su propulsor, la empresa responsable estaría expuesta a una multa del 5 % de los ingresos anuales y los ejecutivos a una pena de prisión hasta de dos años.
Gracias a esta ley y a una asociación francesa creada para luchar contra estas malas prácticas, existe un proceso al que se le ha dado curso en contra de una empresa japonesa productora de impresoras.
LEA MÁS: Francia abre una investigación a Epson por 'obsolescencia programada'
Se le atribuye que los cartuchos, que además son el verdadero negocio en el mercado de la impresión, indican prematuramente que están vacíos cuando en realidad no lo están.
Dentro de esta categoría caben otras malas prácticas como el adelantamiento de las fechas de vencimiento de alimentos y medicamentos, o vender artículos sin repuestos disponibles o tan caros que invitan a la reposición del bien.
Todas estas son circunstancias que de una u otra manera como consumidores nos pueden afectar, por lo que es importante considerar y promover legislación y protecciones como en Francia.
La autora es politóloga.