En Costa Rica suceden cosas incomprensibles, como lo vivido por un funcionario de la Municipalidad de San José a quien se le hizo la prueba de covid-19, después de que un compañero dio positivo por coronavirus, y debía ir a retirar el resultado personalmente.
Al final, con insistencia “a la tica”, explicando que la persona se encontraba en cuarentena para no afectar a su familia ni exponer a otras personas, aceptaron como un favor entregar el diagnóstico al hijo.
La muestra fue tomada un miércoles y el resultado se entregó el lunes siguiente, el examen dio negativo y eso se sabía desde el sábado. Es imperdonable someter a una persona y a su familia a una angustiante espera.
Algo tan sencillo y sin costo para la CCSS, como comunicar el resultado negativo con un simple mensaje enviado por WhatsApp. Tengo entendido que existe un protocolo diferente cuando dan positivo.
Otro caso es el del Registro Nacional, que opta por el cierre de las oficinas centrales y regionales en atención al público (no necesariamente en término de teletrabajo), y también suspende los servicios de Ventanilla Digital y de la APT “en aras del principio de prioridad registral”.
Sin ser una experta en materia tecnológica no encuentro cómo el servicio de Ventanilla Digital no puede garantizar el principio de prioridad registral, cuando el sentido común obliga a pensar que no hay mecanismo de trazabilidad más seguro que el brindado por la tecnología.
Un último ejemplo le sucedió a una emprendedora, quien en tiempos de covid-19 valientemente decidió iniciar un negocio, y, al llamar a la oficina de Gobierno para que le indicaran cómo descargaba la lista de requisitos publicada en la página web, le dijeron que el documento solo podía ser retirado personalmente.
Es increíble en época de pandemia, un formulario tan básico y no se les ha ocurrido evitar el viaje a las personas.
Es cierta la máxima de que el sentido común es el menos común de los sentidos. Lo vivido en los últimos meses debe cambiar la mentalidad de nuestros burócratas para que a partir del uso de modernas tecnologías simplifiquen y abaraten procesos en beneficio del Estado, pero, más importante aún, de la ciudadanía, basándose en una simple pregunta: ¿Cómo damos el mejor servicio?
La autora es politóloga.