Amantes de la libertad y la paz, los costarricenses nos unimos en una fuerte voz para pedirle a Daniel Ortega y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, que cesen de derramar la sangre del hermano pueblo nicaragüense.
Cito a uno de los grandes críticos de la pareja presidencial: “¡Ay Nicaragua, Nicaragüita!”, más de 300 muertos desde el 18 de abril, en una cuenta de cinco por día, 2.000 heridos, una economía devastada y un gobierno disfuncional.
Luego de 22 años en el poder, de 1979 a 1990, y del 2007 hasta la fecha, el dictum de Acton se hace presente en nuestra vecina del norte: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
De aquellos jóvenes idealistas, una de ellas familiar de Augusto Sandino, que lucharon por la libertad, justicia y democracia, no queda nada, hoy, por el contrario, son un referente de autoritarismo, represión y violación de derechos humanos, como lo han dictaminado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH y la misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Pese a la presión mundial, como la categórica votación en el Consejo Permanente de la OEA en que 21 países condenaron la represión y apoyaron el llamado a nuevas votaciones y rechazara con igual contundencia la contrapropuesta nicaragüense, hay que esperar la reacción de los Ortega.
¿Seguirán haciéndose de oídos sordos y las fuerzas policiales y parapoliciales continuarán con la “operación limpieza” usando armas de alto calibre contra la oposición, la Iglesia y una indefensa población civil?
El tiempo corre en contra de los Ortega, su permanencia en el poder hasta el 2021 es insostenible y su capacidad de negociación se pierde con cada muerto y cada herido. El quiebre del diálogo demuestra su mala lectura y que el poder absoluto, no solo corrompe sino también, enceguece absolutamente.
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Como costarricense y creyente en la justicia internacional, hoy les recuerdo a los Ortega, a su pequeño círculo, a sus fuerzas policiales y parapoliciales, que sus actuaciones no quedarán impunes y que más temprano que tarde tendrán que enfrentar la justicia por sus actos de corrupción, así como por las graves violaciones de derechos humanos, algunas de ellas constitutivas de crímenes de lesa humanidad, tutelados por la jurisdicción universal internacional.
La autora es politóloga.