Nuria Marín Raventós.   18 agosto

Un colectivo de diversas universidades públicas declararon en mayo un estado de emergencia por la existencia de una arraigada cultura de acoso sexual contra hombres y mujeres, y la débil actuación de las autoridades competentes.

Se expusieron datos muy graves. Por ejemplo, en una de las casas de estudios superiores la prevalencia del acoso sexual habría sido de un 35,8 %; en otra, sería de un 42,5 %. Este último porcentaje, avalado por el Instituto Nacional de las Mujeres. Como abogada, entiendo muy bien que una causa legal es compleja, pues se trata de denuncias informales, pero desde la perspectiva de género y del uso del poder detrás del hostigamiento sexual, los números revelan una cultura de violencia sexual, de temor de las víctimas y de impunidad de los agresores.

La Nación se interesó en conocer la lista de personas denunciadas. La inicial apertura a brindar información y rendir cuentas dio un giro de 180 grados al condicionar, dos rectores, dar la información solo si una orden judicial los obligaba. Veremos qué pasa cuando comparezcan ante la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa.

Paralelamente a esta discusión, y con ocasión del nombramiento del nuevo director, 19 decanos de la UCR le dirigieron al Consejo Universitario una carta en la cual solicitaron un cambio de rumbo en la conducción del Semanario Universidad.

Si bien ha sido una discusión de larga data en mi antigua alma mater cuál debe ser la línea del Semanario, el proceso deja un gran sinsabor: por la cercanía de los cuestionamientos por acoso sexual contra personal docente; además, porque, al ser preguntados, algunos decanos dijeron desconocer quién redactó e hizo circular la carta para ser rubricada.

Tengo un gran respeto por Laura Martínez y le solicito no cejar en la profundización de este problema. A las autoridades universitarias, les comparto la historia de un sobresaliente y laureado profesor de mi otra alma mater, la Universidad de Harvard, que les servirá de referencia.

Después de una investigación que tomó un año, al citado profesor se le privó de su condición de emérito, se le prohibió el ingreso al campus y se ordenó una investigación externa para determinar por qué las autoridades universitarias permitieron su permanencia a pesar de cuatro décadas de cuestionamientos.

La autora es politóloga.