Escuchar¿Qué pasa en Costa Rica? Cuando parece que avanzamos y podemos aprovechar nuestro gran potencial como país, más bien retrocedemos, y por situaciones de simple solución. En Costa Rica, hay 264 personas necesitadas de un trasplante de riñón, y absurdo de absurdos, no se aprovechan órganos disponibles.
El obstáculo no es la falta de una ley, pues fue aprobada en el 2014 (Ley 9222), tampoco carencia de equipos y talento. Son otras las causas de la baja significativa en los trasplantes, que pasaron de 18 y 30 en los hospitales México y San Juan de Dios, en el 2015, a 5 y 3 en el 2018.
Como si eso no fuera grave, Manuel Cerdas, jefe de Nefrología del Hospital México, desde mayo del 2108 alerta de que en los últimos seis años el número de diagnosticados con insuficiencia renal crónica y en terapia de diálisis se había incrementado en un 317 %.
Los afectados, personas entre los 20 y 50 años, deben esperar entre 3 y 6 meses si hay donante vivo, pero entre 2 y 4 años cuando se trata de donante cadavérico. Esas personas sufren una mala calidad de vida al destinar largas horas a la semana en el hospital.
Lo anterior tampoco tiene sentido económico para la CCSS, pues una semana de hemodiálisis cuesta ¢1,5 millones y el costo total de un trasplante ronda los ¢5 millones, según indicó Martha Romero, de la Secretaría Técnica de Donación y Trasplante de Órganos.
Se alega falta de quirófanos y voluntad política, de descuido, de necesitar un cambio de sistema en la remuneración, de la carencia de reglamentación, entre otros. Sea cual sea la razón, la CCSS debe una explicación por no solucionar el problema. No podemos dejar esperando a personas cuatro años por esa llamada que cambiará en 180 grados su calidad y perspectivas de vida. ¿Imaginan cómo se sienten al saber que se desperdician riñones que pudieron ser su tabla de salvación?
Desde la óptica de la CCSS, entendemos la decisión de ser eficientes en el uso de los recursos y las remuneraciones, pero el dejar a una “alerta voluntaria”, donde la ausencia de tan solo uno de los miembros del equipo impide un trasplante, o que el personal no lo haga por temor a una sanción por no existir desde el 2016 una clara regulación, es imperdonable.
Esperamos que Roberto Cervantes, gerente general y gerente médico a. i. de la CCSS, cumpla su promesa de tener una solución en las próximas semanas.
La autora es politóloga.
