Nuria Marín Raventós. 12 octubre

La Asamblea reformó el artículo 35 del Código de Familia. Un importantísimo avance porque incorpora el concepto de corresponsabilidad en las familias, por romper estereotipos patriarcales y por hacer visible y valorar los trabajos domésticos y el cuidar de alguien.

Ya los maridos no serán “los principales obligados a sufragar los gastos que demanda la familia”, como indicaba el Código desde 1973; serán ambos cónyuges los responsables de sufragar las necesidades de manera proporcional a sus posibilidades e ingresos.

Cae la imagen del hombre como proveedor económico único o principal de la familia y lo libera de esa pesada carga: ¿Cuántos habrán cambiado su área de estudios o trabajo por no garantizarle el sostén de la familia? ¿Por qué se valora más frecuentemente al hombre por su remuneración y éxito económicos? ¿Por qué algunos se sienten mal cuando sus parejas perciben un mejor salario?

La reforma establece también una corresponsabilidad en las labores domésticas, así como en el cuidado de los hijos y familiares dependientes, aligerando esa carga a las mujeres, a quienes se les impone injustamente esas responsabilidades de forma exclusiva. Múltiples estudios así lo demuestran, como la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, hecha por el INEC en el 2017, según la cual las mujeres invierten un promedio de 36:01 horas semanales a estas labores y los hombres, solo 13:55.

La reforma pretende ayudar a construir una nueva visión de familia solidaria y corresponsable en todos los niveles, lo que, además, contribuirá a derrumbar lo que ONU Mujeres definió como “el obstáculo estructural del empoderamiento económico de las mujeres”. La nueva norma visibiliza y valora las labores domésticas y de cuidado al establecer que si estas recaen exclusivamente, o en mayor proporción, sobre un cónyuge, serán consideradas su contribución económica en la medida correspondiente.

Si bien las leyes no cambian automáticamente las conductas, máxime cuando estas están profundamente arraigadas, por lo menos ayudan a generar cambios que se fortalecerán con futuras sentencias, entre otras, la fijación de pensiones alimentarias.

La autora es politóloga.