Nuria Marín Raventós. 2 noviembre, 2019

El fallo de la Sala Constitucional acerca del proyecto para regular las huelgas se convertirá en un precedente jurídico en muchos aspectos, pero quizás el más relevante sea la clara definición del ejercicio de un derecho sin abuso y sin violar el de terceros.

En un Estado de derecho carcomido por la desconfianza, la seguridad jurídica establecida a partir de la respuesta de la Sala deviene en excelente medicina, pues es precisamente seguridad y confianza lo que se desprenderá de la aprobación del proyecto 21049, Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos.

Una ley como esta nos habría evitado largos meses de desasosiego y perjuicio a la producción sufridos el año pasado.

Los magistrados fueron contundentes al resolver que no es inconstitucional la prohibición absoluta de la huelga. Ningún derecho puede estar por encima del de los ciudadanos a la vida, la salud, el libre tránsito y la seguridad.

Se regresa a su debido sitial y trascendencia el significado de lo que son servicios esenciales, así como la responsabilidad de los funcionarios a su cargo.

La Sala fue igualmente clara y categórica en cuanto a que, dentro de esos servicios esenciales, es válido incluir el transporte ferroviario, marítimo y de carga y descarga en muelles y atracaderos de bienes perecederos.

Tampoco está permitida la huelga política, y tal razonamiento es lógico porque ¿cómo va solucionar un patrono un conflicto laboral cuando la razón de la huelga depende de una decisión del Congreso y no de él?

Se permite protestar contra políticas públicas siempre y cuando estas afecten de forma directa los intereses económicos y sociales de los trabajadores; no obstante, la suspensión de labores será por un plazo improrrogable de 48 horas, sin posibilidad de organizar de nuevo un movimiento cuando se trate del reclamo por los mismos hechos. Necesario deslinde entre lo que es el ejercicio de un derecho y el abuso de este.

Una ley como esta nos habría evitado largos meses de desasosiego y perjuicio a la producción sufridos el año pasado.

Cabe resaltar la labor valiente de los diputados defensores del proyecto de ley, quienes no cedieron a las presiones, así como de los magistrados de la Sala Constitucional, quienes le han deparado al país un justo equilibrio entre los derechos laborales y los de la ciudadanía.

La autora es politóloga.