Nuria Marín Raventós. 14 septiembre, 2019

El gobierno aprobó el Reglamento para la Aplicación de la Base Ajustada al Salario, que crea una tarifa escalonada para el pago de las cuotas del Seguro de Salud y Maternidad (SEM) por las micro y pequeñas empresas. Una excelente idea, sin embargo, insuficiente y tardía.

El sentido de urgencia no ha existido puesto que a la institución le tomó nueve meses la elaboración de un reglamento que fue publicado para consulta desde diciembre pasado.

Datos de la Encuesta Nacional de Empleo, del IMAE y el índice de confianza, muestran una grave y sostenida desaceleración de la economía, el crecimiento del desempleo y la informalidad llega al 46,3 %, que se agravará con la ejecución del plan fiscal, la factura electrónica 2.0 y nuevos requisitos fiscales. Cada trámite agrega más costos.

La medida pretende ampliar la base de contribuyentes del SEM y del IVM, así como promover la formalidad de las pymes, cuyo número de trabajadores no exceda de cinco. Pero ¿será suficiente incentivo? La disminución en su mejor año será de un 10 % si sumamos la baja para los trabajadores y patronos en el SEM, no se menciona que recientemente se aceleraron los tramos de aumento del IVM y las contribuciones del patrono al IMAS, Fodesaf, INA, Banco Popular y fondo del trabajador seguirán vigentes.

Insisto, es un excelente inicio, pero se queda corto frente a las recomendaciones de la OCDE de crear una estrategia integral para bajar los altos costos no salariales, que en materia de seguridad social, en el momento y sin reducción, ascienden al increíble 36,67 %. Otra recomendación es disminuir los obstáculos a los emprendedores. El mundo apuesta por los emprendimientos como motor de crecimiento, innovación y creación de valor agregado, por lo cual necesitamos una política pública mucho más comprometida con los emprendedores, especialmente, en los tres primeros años, conocidos en el medio como “el valle de la muerte”.

Sugiero agregar a las rebajas del SEM las restantes contribuciones patronales durante cuatro años, ahí sí habría una mejora que invite a los pequeños patronos a formalizar sus negocios porque abre la oportunidad de contratar con el Estado y, a mediano plazo, se ampliaría la base del SEM y del IVM.

La autora es politóloga.