EscucharParadójicamente, mientras la Unión Europea lucha por regular a las grandes firmas tecnológicas para proteger el derecho a la intimidad, en Costa Rica, es el gobierno el que pareciera atentar contra ese derecho mediante la cuestionada UPAD.
Acertaron varias instituciones, entre ellas la Defensoría de los Habitantes, la Procuraduría de la Ética y la sociedad civil al llamar a cuentas al Ejecutivo, pues la denominada por el presidente como una “torpeza política” es una grave violación a la intimidad.
La carta magna establece, en el capítulo de garantías constitucionales, artículo 24: “Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones”. El mismo artículo señala que este magno derecho solo podrá ser afectado por una ley especial aprobada por una mayoría calificada del Legislativo.
Producto de los avances tecnológicos, el Congreso creó una importantísima línea de defensa en la Ley de protección de la persona frente al tratamiento de datos personales para garantizar a la ciudadanía derechos como la autodeterminación informativa y la rectificación, y el principio de consentimiento informado.
Aplaudo el deseo de la administración, que muchas veces ha mostrado con acciones su falta de rumbo, que quiera acompañar sus políticas con decisiones meditadas y estudiadas, basadas en la rigurosidad del estudio de datos.
Pero no se vale tratar de utilizar el ejercicio imperial del gobierno para acceder a información sin consentimiento de la ciudadanía y, mucho menos, que esa información quiera ser usada con fines políticos, actuación por la cual fue sometido recientemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a un juicio político, figura inexistente en nuestro país.
Valga este amargo capítulo para repasar lo sucedido en el siglo XX y sus diferentes manifestaciones autoritarias, muy bien expresadas por el escritor George Orwell en su obra 1984, y cómo la ciudadanía no debe permitir ninguna acción, pequeña o grande, que atente contra los más sagrados derechos constitucionales, base esencial de la democracia.
La autora es politóloga.
